- MERCOSUR
- Artículo cargado el 22 de julio de 2007
La crisis entre Caracas y Brasilia saca a la luz las contradicciones del Mercosur
El Mercosur entró en un nuevo período de tensión interna tras la amenaza del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, de abandonar el proceso de integración. Chávez anticipó que adoptaría tal decisión si en tres meses Venezuela no era reconocida como socio pleno del bloque, debido a la resistencia de los legisladores brasileños. El conflicto es característico de las contradicciones que presionan sobre el proyecto de mercado común. Chávez había acusado a los senadores brasileños de ser peones del Estados Unidos, luego que representantes de sus distintas bancadas lo exhortaron a retroceder en la decisión de no renovar la licencia al canal golpista RCTV. La declaración del mandatario venezolano indignó al gobierno brasileño y el jefe de Estado se creyó obligado a solidarizarse con los senadores tan desaprensivamente vapuleados. “Repudio las manifestaciones que pongan en duda la independencia, dignidad y los principios democráticos, que son el norte de las instituciones” del país, aseguró un solemne comunicado firmado por el presidente Lula.
Sin embargo, sobre la independencia y dignidad de los impolutos varones del Congreso brasileño dieron noticias 48 horas más tarde la Folha de Sao Pablo y O Estado de Sao Paulo. De acuerdo con esa información, el 55 % de los diputados y la mitad de los senadores recibe sobornos de las compañías constructoras. Hasta ese momento este escándalo le había costado el puesto al ministro de Minas y Energía y había colocado en la mira de los investigadores al titular del Senado, estrecho aliado de Lula y tercero en la sucesión presidencial. Coincidentemente, un informe de la Secretaría de Derecho Económico, organismo del Ministerio de Justicia, reveló que la sobrefacturación en las licitaciones públicas (de donde salen los sobornos y las ganancias extraordinarias de las empresas) le costaba a Brasil entre 13.000 y 20.000 millones de dólares por año. A un grupo de estos legisladores de ágiles dedos, que sumergidos hasta las orejas en la mugre de la corrupción, pretendieron dar lecciones de libertad de prensa al gobierno venezolano, les ofreció su solidaridad Lula, impresionado por semejante manifestación de “independencia” y “dignidad”.
La pretensión de que Caracas se disculpara por su desconsiderado tratamiento como condición para aprobar el ingreso de Venezuela al Mercosur, constituía, desde cualquier punto de vista, un absurdo. Chávez se limitó a señalar un hecho por demás conocido acerca de la naturaleza servil que inspira buena parte de los actos de los habitantes de la casa de las leyes en el vecino país, virtud por cierto no excepcional en el resto de los parlamentos latinoamericanos. En todo caso, lo que hizo el incidente fue sacar a la luz diferencias mucho más importantes.
Días después de lanzar su imputación a los senadores brasileños, Chávez declaró que Venezuela estaba interesada en ingresar en un “nuevo Mercosur”, pero señaló que si no había “voluntad de cambio, tampoco estamos interesados en el viejo Mercosur”, y advirtió que el caso de RCTV estaba siendo utilizado para tratar de “justificar otras posiciones”. En Brasil es conocida la resistencia de la Federación de Industrias de San Pablo y de la Confederación Nacional de la Industria a la integración de Venezuela en el bloque regional. Sus dirigentes sostienen que el gobierno bolivariano es un obstáculo para alcanzar acuerdos comerciales con otros países. En realidad a la burguesía fabril paulista, eje del bloque dominante en Brasil, le provocan un visceral rechazo de clase las medidas nacionales de corte antiimperialista, la centralización del poder estatal y el discurso de tono socialista que practica el gobierno de Caracas. Al igual que sus pares argentinos, concibe el proceso de integración como la consolidación del capital monopolista dentro de un campo de negocios a escala regional, donde la tasa de ganancia, la concentración de la riqueza y la propiedad privada reinen sin contrapeso de ningún tipo.
Una historia de crisis y tensiones
Pero la crisis del Mercosur no comenzó con Venezuela. Durante todo el 2006 el bloque estuvo en vilo por la pretensión del gobierno de Uruguay de liquidar el arancel externo común, soporte de la unión aduanera. La administración “progresista” de Tabaré Vázquez pretendía entonces alcanzar un tratado de libre comercio mediante la “vía rápida” con Estados Unidos, al igual que lo había hecho años atrás Chile y tal como lo estaban gestionando Perú, Colombia, Ecuador y los países de Centro América. De no recibir autorización para firmar ese tratado, Vázquez declaró en Washington que Uruguay abandonaría el bloque regional. El TLC le habría abierto las puertas del mercado uruguayo a la burguesía norteamericana, además de otorgarle todo tipo de preferencias en el terreno de las inversiones. La iniciativa, que significaba la quiebra de la frontera aduanera común, resumía todo el programa de una burguesía agro-exportadora, y fue firmemente rechazada por los gobiernos de Brasil y Argentina, cuyas burguesías han alcanzado mayor grado de desenvolvimiento y diversificación de intereses. De todas formas en diciembre de 2005, mientras los países integrantes del Mercosur rechazaban en la cumbre de Mar del Plata el proyecto imperialista del ALCA, el gobierno uruguayo firmaba con la administración republicana un tratado de protección de inversiones, similar al que mantiene el gobierno argentino, una de cuyas cláusulas cede soberanía en materia de diferendos legales.
Ese mismo año la región se vio envuelta en una nueva crisis a raíz del choque entre La Paz y Brasilia en torno a la nacionalización de los hidrocarburos bolivianos. En el curso del enfrentamiento Celso Amorim, jefe de Itamaraty, calificó de “adolescente” la medida. Finalmente el conflicto precipitó la renuncia del ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Andrés Soliz Rada, por su negativa a ceder ante las presiones del gobierno brasileño, alineado en un todo con los intereses de Petrobras.
Sin embargo, con estas tensiones aun presentes, en enero de este año se anunció en Washington, un acuerdo de los gobiernos de Estados Unidos y Brasil en torno a un pacto energético bajo la denominación Estrategia de Biocombustible para América Latina y el Caribe, a suscribirse en el curso de este año. Con esta iniciativa el gobierno de Bush aspira a alcanzar un doble propósito: aislar al régimen venezolano, proveedor energético de la región y, a la vez, sustituir parte del petróleo que despilfarra el capitalismo norteamericano con combustibles elaborados en base a alimentos. Este proyecto, que abarcará a gobiernos que oscilan en la órbita de Washington como los de Perú, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, República Dominicana, encontró un socio privilegiado en la administración del presidente Lula. Se trata de una de las soluciones típicas que suele aplicar la burguesía imperialista ante crisis como la energética. La producción de etanol a partir de oleaginosas, granos y azúcar provocará un significativo aumento del precio de los alimentos en los próximos años, con el consiguiente impacto sobre las capas más pobres y desprotegidas de la población mundial, además de impulsar una nueva escalada en la destrucción de bosques tropicales.
Pero el intento de clavar un cuña en el Mercosur no es exclusividad del gobierno estadounidense. La reciente elección de Brasil como socio estratégico por parte de la Unión Europea apunta en la misma dirección. El capitalismo europeo mantiene una difícil negociación con el bloque regional en torno a un acuerdo comercial, debido a que exige mucho a sus potenciales socios en materia de apertura económica, mientras que es muy poco lo que está dispuesto a conceder en ese mismo terreno. Sabe que este estancamiento, al igual que el previsible fracaso de la Ronda de Doha en el marco de la OMC, difícilmente pueda ser remontado y se prepara para abrir un abanico de tratados de libre comercio, uno de los cuales tiene como destinatario privilegiado a Brasil. Hay que tener en cuenta que hacia ese destino los europeos giraron entre 2003 y 2005 alrededor de 80.000 millones de euros en concepto de inversiones, cifra muy superior a la que destinaron a otras grandes economías emergentes como Rusia, China e India.
Límites y contradicciones del bloque regional
Está claro que respecto al Mercosur las intenciones de la burguesía del viejo mundo no difiere de las de sus competidores estadounidenses. Sin embargo, el principal peligro contra la unidad del bloque regional reside en sus contradicciones internas. El origen de la construcción de una unión aduanera con aspiraciones de mercado común en el cono sur de Latinoamérica, se inscribió en un nuevo ciclo de acumulación mundial que se inició a comienzos de la década de los 80’ basado en un fuerte impulso a la concentración y centralización del capital, una intensificación de la tasa de explotación y una nueva división internacional del trabajo. Ya a mediados de la los años 70’ el período de prosperidad keynesiano estaba agotado; los niveles de productividad y la tasa de ganancia resultaban francamente declinantes, y la necesidad de un cambio de rumbo se imponían a la burguesía como una exigencia de hierro. Así, el inicio de la llamada globalización significó un viraje en la lucha de clases, signado por crueles derrotas de la clase trabajadora en los países centrales, y una reestructuración radical en la relación capital trabajo, conocida posteriormente como “flexibilización laboral”. En los países de desarrollo capitalista relativo situados en la periferia, estas transformaciones pusieron fin a las políticas nacionalistas y desarrollistas y clausuraron el ciclo de industrialización basado en la sustitución de las importaciones. El salario dejó de constituir un factor de consumo, el mercado interno perdió importancia, al tiempo que caía el ingreso de los trabajadores y la concurrencia de intereses entre la burguesía nacional y el proletariado, que en su momento dio origen a experiencias nacionalistas burguesas como el peronismo y el varguismo, quedó congelada.
Bajo las nuevas condiciones las fracciones más concentradas del empresariado local y extranjero encontraron en las capas sociales acomodadas de cada país y en la comercialización de sus bienes fronteras afuera, la llave de nuevos negocios de alcance regional. Las ventajas de la economía de escala y la exportación de capital determinaron, asimismo, las rasgos centrales del nuevo patrón de acumulación que habría de incidir decisivamente en la configuración del bloque regional. El Mercosur constituyó así, desde sus orígenes, el campo de competencia de las burguesías exportadoras de Brasil y Argentina, junto a las multinacionales radicadas en cada país.
¿Podía haber ocurrido de otro modo? En los países atrasados y dependientes, a menos que los trabajadores encabezando un bloque nacional-popular se hagan cargo de los destinos de la Nación, sólo cabe la posibilidad de que un régimen bonapartista, centralizado en torno al Estado y como expresión política de un frente nacional, sostenga una posición de independencia (relativa) respecto del poder de la gran burguesía y el imperialismo. Pero la situación de los gobiernos de Brasil y Argentina a lo largo de la historia del Mercosur hasta el presente, no es esta precisamente. Ambos siguen programas bajo marcada influencia de los intereses dominantes en sus respectivos países, con fuerte presencia del capital extranjero. En un caso la burguesía paulista, en alianza con el capital financiero y en el otro, un bloque exportador, liderado por la gran burguesía industrial.
Esos círculos dirigentes miran con manifiesta hostilidad la experiencia venezolana. Todo su sistema de valores y creencias se ha configurado en la órbita de gravitación de la ideología imperialista y su imaginario se inscribe en los límites del discursos de sentido común de contenido neoliberal. Las contradicciones que en determinado momento obliga a las clases dominantes locales a resistir la presión desmedida de la burguesía norteamericana, por ejemplo en el caso del ALCA, no pone en crisis esta adecuación. Frente a los trabajadores, a las grandes masas populares, siguen siendo los socios menores de un mismo orden de dominación.
Detrás de las acusaciones de autoritarismo formuladas al gobierno de Chávez se ocultan el rechazo ante el fortalecimiento y la centralización del poder estatal, factor de autonomía nacional respecto a la presión del capital monopolista. A su vez, las imputaciones de populismo encierran el temor de una radicalización por abajo en la experiencia de la base social, en especial la clase trabajadora, sobre la que se apoya el régimen bolivariano. A esta altura está claro que en los momentos de crisis, ha sido el apoyo activo y militante de las masas explotadas la fuerza fundamental que aseguró la sobrevivencia del régimen. En América Latina las clases propietarias no ignoran que las tareas nacionales, agrarias y democráticas desenvueltas en profundidad, adquieren, a medida que se acumulan las contradicciones y la resistencia de los antiguos círculos dominantes, el sesgo socializante, característico de los procesos de transición. Cuando comparan a Chávez con Castro, piensan ante todo en la experiencia de la revolución cubana, pasando de la liquidación de la dictadura a la democratización de la propiedad de la tierra, y de ahí al enfrentamiento con los intereses del imperialismo norteamericano, para avanzar luego, prácticamente sin solución de continuidad, en un programa de corte socialista.
La afirmación de Chávez en el sentido de que quiere un nuevo Mercosur porque el viejo no le interesa pone a prueba los límites del bloque regional según su conformación actual. En realidad está diciendo que no hay integración y mucho menos unidad nacional en América Latina, sin una política plenamente soberana que ponga los intereses de los pueblos por sobre los del capital, que quiebre la lógica de los mercados dominados por las corporaciones monopólicas. Algo que ciertamente no está en los planes de la burguesías del Mercosur.
