¿Hacia dónde va Venezuela?

El gobierno venezolano ha abierto una nueva etapa de la revolución bolivariana al anticipar la nacionalización en sectores claves de la economía como la electricidad, las telecomunicaciones y las refinerías de crudo pesado. El pasado 8 de febrero avanzó en este sentido al anunciar un acuerdo para la compra de las acciones de la compañía estadounidense AES Corp, la accionista mayoritaria de Electricidad Caracas, la mayor empresa de electricidad de Venezuela. Sin duda la nacionalización de esos sectores básicos acentuará la presencia del Estado como regulador del proceso de acumulación en la economía venezolana y ayudará a plantear sobre una nueva la base la discusión en torno al socialismo, fijado como norte por el gobierno de Hugo Chávez. Sin embargo estas medidas, de indiscutible importancia estratégica, no exceden de por sí los marcos del régimen capitalista. Incluso el objetivo socialista ha sido anunciado sin que esté claro el programa revolucionario que guiará semejante giro de la historia.

¿Cuál es el significado del Socialismo del Siglo XXI, la vía a través de la cual se iniciará la transición que dejará atrás la sociedad capitalista?

En noviembre de 2004 Chávez declaró, en presencia de dirigentes políticos, de organizaciones populares e integrantes del gabinete: “¿Es el comunismo alternativa? ¡No! No está planteado en este momento, aquí están los grandes rasgos de la Constitución Bolivariana del modelo económico social, la economía social, la economía humanitaria, la economía igualitaria. No estamos planteando eliminar la propiedad privada, el planteamiento comunista, no. Hasta allá no llegamos. No, nadie sabe lo que ocurrirá en el futuro, el mundo se va moviendo. Pero en este momento sería una locura, quienes se lo planteen no es que estén locos, no. No es el momento”. Sin embargo, un mes y medio más tarde, en Porto Alegre, en el marco del Foro Social Mundial, señaló por primera vez la necesidad de avanzar hacia el Socialismo del Siglo XXI.

Heinz Dieterich, quien ha afirmado ser el autor del nuevo rótulo socialista, explica que son dos las decisiones que debería adoptar el gobierno venezolano para abrir el camino a esta forma de socialismo:

• reemplazar gradualmente el precio —principio regulador de la economía de mercado— por el valor, entendido como la cantidad de tiempo socialmente necesaria para elaborar un producto. De forma tal, el valor estaría destinado a ser el principio regulador de la economía socialista;
•  asegurar la intervención de los ciudadanos y los trabajadores en la decisiones económicas tanto en el nivel nacional (por ejemplo, en la discusión de presupuesto), como en el nivel municipal y en la empresa. Se establecería de esta forma una contabilidad socialista en el Estado, en PdVSA-CVG y en las cooperativas, que se desenvolvería paralela a la contabilidad capitalista. Gradualmente la economía fundada en el valor, es decir en intercambios equivalentes, desplazaría a la economía de mercado, basada en el precio.[1]

El planteo excluye la estatización generalizada porque, según su autor, no resuelve el problema cibernético del mercado. En realidad, aunque pudiera resolverse técnicamente el problema de la planificación, ni el gobierno venezolano, ni posiblemente ningún otro, podría pasar al socialismo a partir de la estatización o de la socialización general de la economía. En lo fundamental esta imposibilidad no depende de las posibilidades de la cibernética. Antes que las dificultades en la esfera de circulación, la experiencia de las revoluciones en el siglo XX ha enseñado que durante todo un período histórico el socialismo se construye a través de una vía de transición, en la cual coexisten las formas de socialización de la producción con las normas de reparto burgués de los productos. Si el punto de partida no es el nivel más alto del desenvolvimiento productivo, de la técnica y de la productividad del trabajo alcanzado por el capitalismo, la imposibilidad de cubrir el conjunto de las necesidades de la sociedad hace inevitable que el cambio de productos y de servicios se realice a través del mercado, mediante el sistema de formación de precios sometido a las distorsiones propias de las “leyes” de la oferta y la demanda. Y aun en el punto más alto de la economía capitalista, el período de transición se impondría necesariamente, especialmente si se considera la construcción del socialismo como un proceso general en un mundo caracterizado por brutales desigualdades sociales.

El poder obrero y la transición

Sin embargo, a diferencia de lo planteado hasta el momento en Venezuela, en las transiciones del siglo XX el punto de partida fue la nacionalización de la tierra, de los grandes medios de producción industriales, los transportes, la banca y el comercio exterior, luego de haber expropiado del poder político a la burguesía y a los terratenientes, y establecido un gobierno revolucionario apoyado por los obreros y las grandes masas campesinas. En realidad, las revoluciones que estallaron en los países atrasados, en los eslabones más débiles de la cadena capitalista, no podían ir más lejos. Incluso en la primera de esas revoluciones el programa original de los bolcheviques no preveía en una etapa inicial la nacionalización de la industria, sino el control obrero de modo de capacitar a los trabajadores en la dirección de las empresas. En marzo de 1921, al poner fin el gobierno soviético al comunismo de guerra e iniciar la NEP (Nueva Política Económica), Lenin declaró que se había ido demasiado lejos en las nacionalizaciones en la industria y el comercio por el camino de cerrar la circulación local de mercancías. Y en noviembre de 1922 el jefe de la Revolución de Octubre, que consideraba al capitalismo de Estado como una posible línea de repliegue, afirmó que hubiera sido más apropiado implantar primero ese tipo de economía estatizada y después el socialismo. En la Rusia soviética en época de la NEP, el capitalismo de Estado era entendido como el monopolio de los cereales y el control sobre industriales, comerciantes y cooperativas burguesas, y constituía, junto a la economía campesina patriarcal, la pequeña producción mercantil, el capitalismo privado y el socialismo, una de las cinco formas de organización económica.

Para los revolucionarios rusos, el reaseguro ante la apertura al desenvolvimiento de relaciones de tipo capitalista era la presencia del Estado obrero y la nacionalización de las ramas claves de la economía, fundamento del fondo de acumulación originaria y de la planificación socialista.

En Venezuela la situación es diferente. El área de acumulación de capital controlada por el Estado, aún considerando las nacionalizaciones anunciadas, es todavía insuficiente y la burguesía, a pesar de los sucesivos retrocesos y derrotas políticas, mantiene posiciones gravitantes en las ramas de la producción y la comercialización, en las finanzas y en los medios de difusión. Esta dualidad tiene un carácter necesariamente inestable, anticipo de futuras crisis si se profundiza el rumbo socialista. En este caso el gradualismo, en presencia de una economía mixta, se encontrará con la contradicción planteada en su momento por Ernesto Mandel al estudiar el período de transición: si las nacionalizaciones no avanzan lo suficiente la economía seguirá siendo capitalista y no habrá planificación posible; si por el contrario avanzan lo necesario, la burguesía se retira y caen las inversiones. En Venezuela ya ha ocurrido algo de esto. De acuerdo con cifras oficiales, en 2006 los fondos destinados a la compra de maquinaria y a la ampliación de la capacidad instalada sólo superaron en 3,8 % el valor del año 1998, señal de un marcado proceso de descapitalización. Coincidentemente, entre 1996 y 2005 la cantidad de empresas industriales se redujo en más del 50 %. Otra de las manifestaciones de este fenómeno ha sido la fuga de capitales, neutralizada, en parte, mediante el control de cambios.[2] En este cuadro se inserta el reciente desabastecimiento de productos alimenticios, consecuencia de la especulación de las grandes cadenas de comercialización, y la advertencia del gobierno sobre la decisión de nacionalizar supermercados y distribuidoras si continúan las maniobras.

Esta resistencia de los capitalistas se traduce en una caída de la oferta local, simultánea con un fuerte aumento de las importaciones sostenidas por los elevados precios del petróleo, e impacta desfavorablemente en los niveles de productividad y en la evolución de la relación empleo/producto. En una economía atrasada y con un bajo nivel de integración, con balance de pagos y de las cuentas públicas dependientes de la exportación de un solo producto como es la venezolana (el 50 % de los ingresos fiscales provienen de las ventas externas del petróleo), la consolidación de la transición depende en alto grado de un salto en la tasa de inversión en las áreas estatal y social, paralelo a un incremento en los niveles de productividad del trabajo. Este último aspecto, a su vez, está directamente vinculado con una mejora en las condiciones de vida de las grandes masas obreras y populares, además de exigir una profunda democratización de la relación laboral y la gestión de las empresas. Por lo tanto, la falsa opción que se presenta habitualmente en los desarrollos capitalistas (aumento de la inversión a costa del consumo o incremento del consumo resignando una mayor inversión) desde el punto de vista de la transición socialista no existe. Los recursos para conformar el fondo de acumulación originario está en el consumo parasitario e improductivo de las viejas clases dominantes, en las distintas formas de exacción de la usura financiera y de los monopolios comerciales, y en la apropiación de una parte importante del valor creado por los trabajadores por cuenta del capital extranjero.

Sin embargo colocarse en este terreno es abrir un nuevo capítulo en la lucha de clases e internarse en una dialéctica de radicalización de las medidas revolucionarias. La experiencia de la revolución cubana, superando sucesivamente las fases democrática, agraria y antiimperialista a medida que aumentaba la resistencia de las viejas clases dominantes y del capital extranjero, y orientándose finalmente hacia el socialismo, es una demostración de la intensidad y profundidad de este proceso de transición. En Cuba la primera medida significativa de la revolución —la recuperación por parte del Estado de los bienes públicos, malversados por funcionarios de la dictadura— tuvo por respuesta las habituales quejas sobre la inseguridad jurídica, que se tradujo en una contracción del volumen de negocios en la segunda mitad de 1959. Igual rechazo suscitó la expropiación de los latifundios y la eliminación de los arrendamientos, medidas iniciales de la reforma agraria iniciada en mayo de ese año. A esa altura la hostilidad del gobierno norteamericano adquirió un carácter abierto (recorte de la cuota azucarera y restricción del crédito), de forma tal que los antagonismos adquirieron una nueva intensidad. En la primera mitad de 1960 el gobierno revolucionario expropió a las compañías estadounidenses en ramas claves como la electricidad, la telefonía y la industria azucarera, medida necesaria por lo demás para poder establecer el principio de planificación. Finalmente en octubre de ese año, respondiendo a las necesidades del plan económico y en presencia del sabotaje económico de la burguesía, la revolución dio un paso más y decidió la nacionalización de las grandes compañías nacionales y norteamericanas que aún no habían sido afectadas.

La revolución en Venezuela

El rumbo socialista que ha vuelto a señalar Chávez después de haber ganado ampliamente las elecciones presidenciales en diciembre pasado, se enfrentará inevitablemente a los mismos desafíos. La resistencia por una parte de las clases dominantes y del imperialismo y, por la otra, la necesidad de consolidar un fondo de acumulación originaria y de establecer las líneas generales de la planificación opuesta a la anarquía del mercado, pondrán a prueba la consistencia de la empresa socialista anunciada.

¿Está en condiciones el gobierno venezolano de emprender ese camino? Si es así, ¿cuáles son las fuerzas fundamentales de la revolución?

De acuerdo con una caracterización clásica del marxismo, la jefatura popular de Chávez representa una variante de régimen bonapartista. En este sentido su gobierno se asemeja al de Lázaro de Cárdenas en el México de la década del 30, o al de Juan Perón en Argentina de los años 40. Sostenido por el ala nacionalista de la fuerzas armadas y con fuerte respaldo entre los trabajadores y las capas más explotadas y desposeídas de la sociedad venezolana, en los ocho años de su gobierno ha llevado adelante tareas habituales de la revolución nacional en los países atrasados y dependientes: reforma agraria, nacionalización de recursos básicos, mejoramiento de las condiciones de vida de las grandes masas y democratización efectiva de la estructura institucional mediante la afirmación del principio de la soberanía popular, en oposición a la democracia formal.

En mayo de 2004 Chávez anunció que tras cinco años y tres meses la revolución había entrado en la fase antiimperialista y anticipó la expropiación de los latifundios improductivos. El pronunciamiento fue la culminación de un período de intensificación de la lucha de clases que se inició en abril de 2002 en ocasión del frustrado golpe de Estado, prosiguió a través de la huelga petrolera y lock out patronal de fines de ese año, y alcanzó nueva expresión con la victoria popular que coronó el referéndum revocatorio de agosto de 2004, en medio de un clima de guerra civil. Durante ese lapso la movilización de las grandes masas populares dio lugar a múltiples formas organizativas de base y a una radicalización de la conciencia colectiva. Cientos de miles de mujeres, hombres y jóvenes se lanzaron a la lucha en los círculos bolivarianos, las misiones sociales, las cooperativas, las asambleas barriales de Caracas, los medios alternativos, entre otras formas organizativas de base. En abril de 2003 se fundó la Unión Nacional de Trabajadores como resultado de un acuerdo entre las principales corrientes obreras que desbarataron el intento desestabilizador en PdVSA y el paro patronal. Actualmente la organización —con cerca de dos millones de afiliados y predominio de la izquierda radical— constituye el punto de apoyo más avanzado con que cuenta el gobierno de Chávez. Pero al mismo tiempo, en el transcurso del alza de masas que sucedió al frustrado golpe de Estado de abril de 2002, los campesinos crearon sus organizaciones militantes: la Coordinadora Agraria Nacional “Ezequiel Zamora” y el Frente Nacional Campesino con el mismo nombre.

Una de las características salientes del proceso venezolano es precisamente el papel protagónico de las capas más explotadas, su capacidad de iniciativa, sus múltiples formas organizativas, y el fuerte impulso, de abajo hacia arriba, que se origina en una parte de este bloque militante. Chávez se ha apoyado en ocasiones en estas líneas avanzadas para liberarse de la presencia de una burocracia conservadora que domina en las segundas líneas del aparato estatal que, en lo fundamental, sigue siendo el que construyeron socialdemócratas y socialcristianos. La organización de las misiones sociales para derivar parte de la renta petrolera a las áreas de salud y educación, sin la mediación de un aparato administrativo paralizante, ilustra este intento. Sin embargo este movimiento es contradictorio. La propia estructura bonapartista tiende a la centralización (proyecto de organizar el partido único de la revolución) y por lo demás, la concentración del poder estatal es una necesidad en un país de la periferia capitalista que intenta un camino independiente, con un desenvolvimiento atrasado y contradictorio de sus fuerzas productivas, y sometido a la presión directa del imperialismo. Pero junto a la centralización que imponen los antagonismos de una sociedad polarizada, y en ausencia de los organismos representativos de una democracia revolucionaria, el Estado tiende a generar formas de control sobre las organizaciones de base creadas por las masas y, por lo tanto, a originar una especial tensión política con las fracciones militantes que oponen la autonomía a las presiones estatizantes. Así, junto a la tendencia a radicalizar el proceso por parte de la izquierda chavista, existen corrientes que —desde el aparato estatal y los partidos políticos oficialistas cuya práctica no supera el horizonte parlamentario— intentan congelar todo en el punto alcanzado.[3]

En consecuencia, la respuesta al interrogante inicial sobre las posibilidades del proyecto socialista depende, en parte, del resultado que arroje el balance de fuerzas en este terreno. Desde el momento en que se plantea el problema de la transición poscapitalista, la naturaleza del socialismo por construir está en discusión, y en este asunto reviste una importancia capital la forma en que se resuelva el juego de tensiones entre las tendencias a la centralización y aquellas expresiones de autonomía y autogestión provenientes de la experiencia de los trabajadores.

Por lo demás, los desafíos del intento venezolano no se reducen a la resistencia de las viejas clases conservadoras o a la presión del imperialismo norteamericano. Recientemente O Estado de Sao Paulo dio a conocer las recriminaciones que los presidentes Lula da Silva y Néstor Kirchner le formularon a su par venezolano durante la reunión reservada que mantuvieron el 18 de enero en Río de Janeiro ocho presidentes sudamericanos, en el transcurso de la cumbre del Mercosur. Lula le advirtió a Chávez sobre la necesidad de no adoptar medidas que pudieran debilitar las instituciones democráticas. A su vez Kirchner cuestionó los anuncios sobre las nacionalizaciones que proyecta el gobierno venezolano, haciendo una defensa de la economía de mercado. La reacción era esperable. Tanto uno como el otro representan los intereses de las fracciones más concentradas de las burguesías nativas de Brasil y Argentina, volcadas al negocio exportador. Sus intereses encierran cierta contradicción con las pretensiones regionales del imperialismo norteamericano en el plano de las relaciones económicas y comerciales, y desconfían de sus maniobras desestabilizadoras, de ahí que no se plieguen a la política antichavista promovida por Washington. Sin embargo, su temor a la radicalización del proceso venezolano no es menos fuerte, y están decididamente dispuestos a jugar un papel conservador.

A diferencia de los que creen que se ha configurado un bloque regional de poder, una suerte de alianza entre gobiernos que expresan los intereses de la gran burguesía, o de otros que se inclinan por el nacionalismo de izquierda o por el socialismo,[4] lo cierto es que el norte de la revolución latinoamericana pasa por otros meridianos políticos. Las tareas revolucionarias en Venezuela tienden a entrelazarse con el proceso de transformaciones políticas, económicas y sociales anunciado por el nuevo gobierno de Rafael Correa en Ecuador, ambos países integrantes de la República de la Gran Colombia en los orígenes de la Patria Grande. Al mismo tiempo, un avance de la revolución en esas tierras significará un fuerte impulso para aquellas corrientes que propugnan una profundización del socialismo en Cuba, ayudará a los movimientos que tienden a una radicalización de la experiencia del MAS en Bolivia, modificará el balance de fuerzas regional, favoreciendo el desenvolvimiento de relaciones comerciales y económicas de nuevo tipo a través del ALBA y por fin, abrirá nuevas perspectivas a las fuerzas antiimperialistas del continente. En definitiva, más allá de las particularidades de los procesos que se desarrollan dentro de las fronteras estaduales, lo que está inscripto en el horizonte de las luchas populares es la unidad socialista de América Latina.

Notas: