La gestión de Andrés Soliz Rada en el gobierno de Evo Morales

La asunción de Evo Morales Aima como Presidente de la República de Bolivia el pasado 22 de enero de 2006, significó la concreción de un proceso de cambios político-institucionales, sociales, económicos y étnico-culturales de enorme magnitud. El impacto señalado fue mucho más contundente si se aprecia que Morales llegó al gobierno con el 54 % de los votos válidamente emitidos, lo cual configuró, también, algo nuevo en el escenario político-electoral del país, ya que las primeras minorías muy difícilmente arañaban el 30 % de los votos, consolidando, con ello, un panorama político muy fragmentado y cada vez menos representativo.

En ese contexto, uno de los ejes del debate político nacional era la cuestión de los recursos naturales y, dentro de ello, la problemática del gas como principal recurso energético de Bolivia. En efecto, las reformas de carácter liberalizador y desregulador —conocidas como el proceso de capitalización, a través del cual se procedió a la venta de un sinnúmero de activos públicos del Estado boliviano—, que se consolidaron en los últimos veinte años en Bolivia, tuvieron un gran dinamismo en el área de los hidrocarburos, generando un nuevo escenario político y económico de la mano de nuevos operadores extranjeros que se hicieron del control de los recursos y de toda la cadena del negocio energético. El primer gobierno de Sánchez de Losada —entre los años 1993 y 1997— fue el que aceleró el ritmo y dirección desestatizante de estos cambios.

Se comprende, entonces, la agenda de cambios profundos que el gobierno de Morales traía consigo. Se trataba de desandar un camino de enajenación y desapropiación de los recursos energéticos que ya llevaba más de una década de instrumentación. En tal sentido, en la estratégica área del Ministerio de Hidrocarburos, el Presidente nominó a un destacado periodista y abogado de dilatada trayectoria profesional —Andrés Soliz Rada— quien en los últimos años había denunciado el latrocinio y la expoliación de los bienes públicos consumada por la administración de Sánchez de Losada, a través del mencionado proceso de la “capitalización”. Teniendo en cuenta estos antecedentes mencionados y la actitud y coherencia que ha animado a Soliz Rada en la actuación pública, las decisiones que se tomarían desde la cartera de Hidrocarburos, estarían dirigidas a cumplimentar las principales propuestas que el MAS había realizado en la contienda preelectoral en materia de recursos naturales y energéticos.

La gestión comenzó con un eje directriz que fue, a la vez, estructurante y condicionante del conjunto de medidas que la Administración Morales tomó en materia energética. Ese vector fue el que se consumó a través del Decreto Supremo 28.701 de Nacionalización de los Hidrocarburos, emitido en un acto público cargado de enorme simbolismo el 1º de mayo de 2006.[1]

Pero, previamente, se tomaron un conjunto de medidas y disposiciones que prepararon el terreno para la implementación del decreto referido. Una de la primeras decisiones significativas que Soliz Rada tomó desde que llegó al Ministerio, fue el registro de las reservas de hidrocarburos a nombre del Estado boliviano, en cumplimiento de lo establecido no sólo en la Constitución Política del Estado en sus artículos 135, 138 y 139, sino también del Referéndum popular del 18 de julio de 2004 —realizado bajo la Administración de Carlos Mesa, quien meses antes reemplazó a Sánchez de Losada, derrocado por una vastísima insurrección popular—, en donde una abrumadora mayoría de ciudadanos exigieron que se instrumentara como política pública la nacionalización de los recursos naturales y energéticos del país.[2] Esta medida parece casi obvia, pero debe recordarse que en función de los cambios implementados a partir de las políticas de “capitalización”, el Estado boliviano había transferido de hecho el control y la propiedad sobre los mismos yacimientos a las empresas extranjeras que operaban en Bolivia.

Dos de los conglomerados energéticos más beneficiados en aquella ocasión fueron Petrobrás y Repsol-YPF. Justamente, la decisión de registrar las reservas a nombre del Estado boliviano ante la Bolsa de Valores de Nueva York —concretada en abril de 2006— provocó que estas dos empresas recalcularan a la baja sus niveles de reservas, en un contexto en el que a nivel mundial existían —y aún hoy persisten— grandes interrogantes respecto a la confiabilidad de los balances difundidos por ellas mismas.

En verdad, la medida tuvo una alta carga de simbolismo político y social, pero constituyó una clara señal dirigida al entramado de intereses empresariales coaligados con las élites políticas desplazadas de la conducción del Estado, sobre la línea de transformaciones que la Administración Morales estaba dispuesta a encarar. En efecto, al presentar su renuncia irrevocable al cargo de Ministro de Hidrocarburos el pasado 15 de septiembre de 2006, Soliz Rada manifestó:

 “Es el momento de recordar que la nacionalización impulsó de forma decisiva el proceso de recuperación de la dignidad y autoestima de nuestro pueblo que las políticas neoliberales y racistas pretendieron aplastar de manera definitiva. Gracias a la nacionalización, el país ha recuperado alrededor de 200.000 millones de dólares en reservas de gas y petróleo, cuyo valor pretendían anotar las compañías petroleras en las bolsas de valores como si fueran suyas.”[3]

El cálculo estimado que el propio Soliz Rada efectuaba en su carta de renuncia sobre la potencialidad de la riqueza existente en el subsuelo boliviano es elemento suficiente para entender lo que estaba y sigue estando en juego en esta puja con las empresas petroleras y gasíferas.

Asimismo, otras de las decisiones que se tomaron en los primeros meses de la gestión de Soliz Rada —en línea con lo anteriormente señalado— fue la realización de auditorías completas sobre el estado de los balances del conjunto de las compañías hidrocarburíferas que operaban en Bolivia. Lo que se trató de determinar, fundamentalmente, fue el nivel de inversiones efectivamente realizadas, las ganancias obtenidas en casi una década de implementación de la capitalización y desregulación del mercado energético y, asociado a ello, la posible comisión de delitos de contrabando, adulteramiento de combustibles y venta de energéticos por debajo de los precios vigentes en el mercado.

En relación a estas cuestiones, las informaciones que ya son de público conocimiento sostienen que los resultados de las auditorías realizadas han sido contundentes en la documentación de los abusos y trangresiones que las empresas han cometido en los pasados años. Entre otras cosas, se afirma que:

 “Algunas compañías vendieron gas natural boliviano a Brasil y Argentina por debajo de los precios establecidos en los respectivos contratos porque la Ley de Hidrocarburos de Sánchez de Lozada concedía a las empresas libertad para fijar precios, encontrar mercados y definir políticas.”[4] Estas graves anomalías en la comercialización externa del gas boliviano al Brasil y a la Argentina —que ahora se conoce fehacientemente— fue uno de los ejes de los cuestionamientos planteados por Soliz Rada desde el Ministerio de Hidrocarburos a fin de modificar radicalmente las condiciones de operación de la comercialización externa de combustibles.

En tal sentido, el decreto de nacionalización consolidó lo ya normado en la nueva Ley de Hidrocarburos que se sancionó el pasado 17 de mayo de 2005[5] —cuando todavía gobernaba Carlos Mesa— en lo que respecta a la recuperación del papel rector del Estado en materia energética a través de la refundación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Boliviano (YPFB) como principal instrumento de intervención en toda la cadena hidrocarburífera en Bolivia, lo cual incluía no sólo la comercializacíon interna sino la externa, vinculada a la negociación de nuevas condiciones para los dos principales mercados del gas boliviano, Brasil y Argentina.[6]

Aquí conviene detenerse en otro aspecto de las propuestas e ideas de Andrés Soliz Rada. Ciertamente, la refundación de YPFB —que bajo Sánchez de Losada había quedado convertida en una empresa residual— y su rol de intervención, planificación, gestión y control en el mercado energético nacional, estaba asociado a la convicción de que tanto el gas como cualquier otro recurso natural existente en Bolivia constituye un recurso estratégico, es decir, crítico y esencial para el crecimiento y el desarrollo del conjunto de la economía y de la comunidad bolivianas. Esta visión contrasta rotundamente con la ideología de corte neoliberal imperante en Bolivia en las décadas de los 80 y 90, que consideraba que el gas era un commodity que debía ser exportado para aprovechar, así, las ventajas comparativas que la tenencia de tal riqueza le posibilitaba al país.

Ante esta visión —tristemente difundida en América Latina después del Consenso de Washington en 1989— la postura de Soliz Rada reivindica una estrategia de desarrollo nacional igualitario, democrático e incluyente, cuyo epicentro es la planificación del uso racional, eficiente y sustentable de la enorme riqueza hidrocarburífera que el país posee, haciendo hincapié en la necesidad de utilizar el gas como recurso estratégico tanto para la industrialización del país como para la generación de valor agregado a través del conjunto de derivados que pueden producirse a partir de las fuentes energéticas primarias del gas y del petróleo.

En efecto, cuando se aprecia el contenido del acuerdo alcanzado con la Argentina en el mes de octubre de 2006, uno de los aspectos fundamentales es el vinculado al proceso productivo de creación de valor en torno a la materia prima del gas, compromiso que firmó la Argentina como parte de un esquema de cooperación e integración que se funda en criterios de compensación, complementariedad y equilibrio.[7] En tal sentido, a cambio del paulatino aumento de la exportación de gas natural a la Argentina —para lo cual habrá que construir un nuevo gasoducto, el del Noreste, que permita asegurar la capacidad de transporte suficiente, ya que se prevé llegar a los 27 millones de m3 por día de exportación en un plazo de 20 años— el gobierno de la Argentina se comprometió a financiar en condiciones preferenciales la instalación de una planta separadora de líquidos en Yacuiba (esto es, en territorio boliviano), lo que permitirá industrializar el etano, el propano y el butano (que son subproductos del gas) y producir GLP (gas licuado de petróleo) y gasolinas. De tal manera, Bolivia podría convertirse en exportador de energéticos evitando onerosos gastos en importación de todo tipo de combustibles. Ciertamente, este proceso es de paulatina concreción, pero es estratégico para el programa soberano y autonómico que el país persigue en materia de recursos energéticos y naturales.

Por otra parte, la matriz de los acuerdos energéticos que Bolivia está negociando con distintos países de la región sudamericana, llevan la impronta de una visión estratégica y geopolítica que ha puesto al desarrollo armónico de las regiones y a la paulatina integración transfronteriza como dos de los vectores que guían la consolidación de un nuevo modelo de integración que abarca múltiples dimensiones, desde la física (infraestructura de caminos y transportes), hasta la económica-comercial, la política-institucional, la socio-ambiental y, finalmente, la étnico-cultural. La integralidad de esa cosmovisión es la que ha sido defendida por Soliz Rada desde su puesto de Ministro de Hidrocarburos.

Desde esa óptica, la estrategia de la conducción y planificación de la política energética a nivel continental ha tenido como eje fundamental la recuperación del rol central del Estado a través de la constitución de empresas públicas que son las que deben llevar adelante las estrategias de producción, inversión, comercialización y distribución en función de los criterios antes mencionados. Es por ello que Soliz Rada hacía énfasis en que las relaciones energéticas regionales debían ser de Estado a Estado, de modo tal que las estructuras de los programas de inversiones, producción y comercialización respondieran a los objetivos de desarrollo endógeno, crecimiento equilibrado intra e interregional, industrialización y agregación de valor a los procesos productivos directa o indirectamente vinculados a la energía.

Esta comprensión compleja de la dinámica política, económica y social de la región sudamericana y la necesidad de recuperar instrumentos de control estatal en la planificación de la integración energética, fue expresada con notable claridad en el caso del proyecto de construcción del Gran Gasoducto del Sur, obra monumental de integración gasífera que está siendo impulsada por Venezuela, Brasil y Argentina.[8] Ante la disyuntiva planteada al estado boliviano en relación a la participación concreta en esta obra de infraestructura energética, Soliz Rada sostuvo que Bolivia podría participar de este proyecto bajo tres condiciones claramente señaladas.

En primer lugar, parte importante del gas boliviano debería ser industrializado en territorio nacional, lo cual es coherente con el planteo anterior vinculado con la agregación de valor y la incorporación de tecnología en toda la cadena hidrocarburífera, en un marco de progresiva industrialización del país. En segundo lugar, la conducción del negocio debe estar en manos de empresas petroleras estatales, de manera tal de asegurar condiciones de equilibrio, equidad y racionalidad que amalgamen los intereses de los diversos sectores sociales y económicos de todos los países involucrados. Finalmente, la necesidad de reconocer al país productor una utilidad racional y justa a partir de los beneficios que los energéticos exportados producen en los países de destino. Estas expresiones no son más que la ratificación de una concepción multidimensional, dinámica, equilibrada y justa de la integración energética.

Concluyendo con esta somera y sencilla caracterización de algunos de los ejes de las políticas públicas que en materia energética llevó adelante el ahora ex Ministro de Hidrocarburos Andrés Soliz Rada, es importante señalar que, seguramente, han quedado muchas otras aristas por considerar, pero a través de estas líneas se ha buscado brindar una descripción y comprensión de los principales lineamientos estratégicos que la Administración de Evo Morales ha llevado adelante en materia energética desde que comenzó a gobernar los destinos de la comunidad boliviana a principios de 2006.

Para dar cuenta, entonces, de la magnitud de la obra por realizar todavía, transcribimos unos breves párrafos escritos por Soliz Rada en su renuncia al cargo de Ministro de Hidrocarburos, elevada al Presidente el 15 de setiembre de 2006. Allí, exponía lo siguiente:

“Si bien no logramos incluir en el decreto de primero de mayo la expropiación de las acciones necesarias de Chaco, Andina y Transredes, a fin de que YPFB controle de inmediato el 50 más uno del paquete accionario de las mismas, conseguimos, por lo menos, que la empresa estatal esté representada, aunque minoritariamente, por ahora, en sus directorios, después que las acciones que estaban en poder de las AFPs fueran transferidas a Yacimientos.“

”La Resolución Ministerial 202/206, de 25 de agosto pasado, obligó a Petrobrás, Andina y Repsol a pagar 32 millones de dólares mensuales, en cumplimiento del artículo cuarto del decreto de nacionalización, que dispone la participación del 32  % adicional por la explotación de los mega campos Sábalo y San Alberto. Por ese concepto, YPFB ha recaudado 64 millones de dólares y en próximos meses contará con otros 96 millones.“

”Como lo dispone el Decreto de Nacionalización, el Ministerio organizó, con total transparencia, las auditorias a las compañías petroleras que operan en el país, cuyos resultados permitirán a YPFB firmar nuevo contratos en condiciones ventajosas.”[9]

En efecto, a través de estos párrafos queda en evidencia la tarea emprendida y las dificultades que la misma implementación del decreto de nacionalización comportaba para el gobierno boliviano. En tal sentido, el proceso es arduo, difícil y hasta tumultuoso en función de los intereses en juego, pero ya se ha puesto en marcha y es desde ese lugar que hay que analizar no sólo la tarea de Soliz Rada, sino la misma marcha de las políticas de nacionalización de los recursos energéticos del país.