Seis décadas más tarde

El presidente Kirchner declaró recientemenste que el día del pago de la deuda al Fondo Monetario “lloraba en silencio porque terminaron las ataduras”. Ese día de enero pasado el país desembolsó 10.000 millones de dólares y saldó, de una vez, los compromisos pendientes con la institución que representa los intereses de la usura internacional. Al parecer Kirchner lloraba en silencio una vez ejecutada la decisión. Sin duda debería haberlo hecho, aunque no por las razones aludidas. La propaganda oficial pretendió presentar esa nueva evidencia de claudicación como un acto de soberanía. Lo cierto es que esa deuda era manifiestamente ilegal. En 2001 el Fondo otorgó a la Argentina un crédito por casi 12.500 millones, conocido como “blindaje”, supuestamente para asegurar la estabilidad financiera, cuando el hundimiento de la convertibilidad ya era inevitable. Sin embargo, tiempo después del crac de diciembre de ese año, la Oficina de Evaluación Independiente del organismo estableció que esos recursos habían sido utilizados para financiar la fuga de capitales. Esta práctica está prohibida por los estatutos del Fondo y sus autoridades fueron cómplices de la maniobra. Simultáneamente, una comisión investigadora de la Cámara de Diputados estableció que ese año salieron del país alrededor de 30.000 millones de dólares. En su mayor parte se trataba de fondos no declarados.

La decisión de pagar al fondo el 100 % de una deuda en su mayor parte fraudulenta, tal como venía reclamando el organismo, mientras se cubría la decisión con una catarata de denuncias sobre el carácter depredador de las recetas neoliberales impuestas desde Washington y se la proclamaba como un acontecimiento de soberanía, reflejó con notable nitidez la duplicidad existente entre la retórica y los hechos, característica distintiva del kirchnerismo.

Los seguidores del gobierno suelen justificar lo que consideran contradicciones inevitables, aduciendo que en la situación presente no es posible hacer otra cosa y que, en definitiva, más allá de Kirchner y los suyos sólo existe el campo de las fuerzas tradicionales, instrumentos directa o indirectamente de la reacción neoliberal. Sin embargo, ¿se trata en verdad de limitaciones provenientes del actual balance de fuerzas o, en todo caso, de contradicciones que traban el desenvolvimiento de una corriente que, a pesar de todo, juega un papel históricamente progresivo, tal como lo jugó el peronismo de los años 40 y 50 del siglo pasado? En absoluto. En última instancia, en las contradicciones aparentes del kirchnerismo se refleja la descomposición del movimiento nacional que seis décadas atrás irrumpió en la historia del país, impulsado por la ambición de transformar la vieja semicolonia agroexportadora en una Argentina burguesa, soberana, afirmada en el desarrollo de las fuerzas productivas de la industria.

Bonapartismo y burguesía nacional

Perón, a diferencia de Kirchner, fue el jefe de un gran movimiento de masas, con apoyo decisivo en el proletariado fabril, ejecutor de un programa nacional-burgués opuesto al interés tradicional de los círculos dominantes de la vieja Argentina oligárquica, asociados durante más de un siglo al imperialismo británico. Ese programa de reformas, destinado a quebrar el parasitismo de los grandes terratenientes de la pampa húmeda, núcleo hegemónico del antiguo bloque gobernante era, desde un punto de vista histórico, el programa de la burguesía nacional. Sin embargo ésta era una clase vacilante y contradictoria, con una conciencia poco más que corporativa de sus intereses generales, presionada por la ideología liberal de la oligarquía, temerosa del poder del capital extranjero y, a la vez, desconfiada de la fuerza del movimiento obrero. Con el apoyo de los trabajadores, Perón se elevó sobre las contradicciones de esa burguesía y estableciendo un poder que los marxistas suelen caracterizar como bonapartista, llevó adelante un programa nacional-burgués con marcadas concesiones al movimiento obrero. El extraordinario respaldo que encontró esa jefatura en las capas más profundas de la sociedad argentina, junto con la centralización de la estructura estatal afianzada en la política de nacionalizaciones iniciada por el régimen de junio de 1943, la adhesión de la organización sindical y del ala nacionalista del ejército, le permitieron a los dos primeros gobiernos peronistas, mantener a raya las presiones del bloque oligárquico y del imperialismo por casi una década.

Perón y el programa de 1946 fueron la expresión de su época. La irrupción del peronismo a mediados de la década del 40 reflejó las cambios de fondo que se habían producido en la vieja sociedad agroexportadora luego de la crisis de los años 30. Por aquel entonces la emergencia de fuerzas sociales hasta entonces políticamente subordinadas, estaba próxima a quebrar el tradicional balance del poder y acentuar la crisis de hegemonía del antiguo bloque dominante. Hacia 1940 el producto de la industria, impulsado por el proceso de sustitución de importaciones y favorecido por las condiciones proteccionistas generadas por la segunda guerra mundial, superaba los registros de la producción agropecuaria. Como consecuencia del desenvolvimiento de las nuevas fuerzas productivas, entre 1935 y 1946 los asalariados ocupados en la industria aumentaron más del 100 % sus efectivos, pasando de 396.000 a casi 900.000. Una masa obrera de reciente proletarización, originaria en buena medida de las provincias pobres, ajena a las tradiciones, prácticas y políticas de sindicalistas, socialistas y comunistas y con intereses firmemente anclados en el mercado interno, constituía una poderosa fuerza social sin representación en el cuadro de los partidos políticos tradicionales. Al mismo tiempo, una corriente de ideas nacionalistas e industrialistas se abría paso entre las filas de una parte de la dirigencia empresaria y de la oficialidad de las fuerzas armadas. Tribuna y Reconquista, pero también la Revista de Economía Argentina, fundada por Alejandro Bunge en la década del 20, Argentina Fabril editada por la UIA y el centro de estudios de esa central, así como la Revista Militar, reflejaban, a su modo, el clima de cambio de época que se  vivía en la Argentina de la primera mitad de los 40.

El programa que enarboló Perón, primero como jefe del ala nacionalista del ejército y luego como jefe del movimiento popular en el poder, reflejó las transformaciones profundas que se habían producido en la economía y la sociedad durante más de una década, así como las ideas que impregnaban esos cambios. Su política constituyó la empresa de contenido nacional-burgués más avanzada puesta en práctica hasta entonces; empresa encaminada a resolver los problemas de acumulación de la vieja formación semicolonial, ante los cuales las fracciones tradicionales de la oligarquía, en el gobierno desde el derrocamiento de Yrigoyen, no tenían respuesta. Apoyado en un amplio Frente Nacional al que confluyeron los trabajadores de la ciudad y del campo y las capas medias y bajas de la burguesía, con firmes soportes en la burocracia del Estado, en las organizaciones sindicales y en la oficialidad nacional de la fuerzas armadas, en su dos primeros gobiernos Perón avanzó en la construcción de un capitalismo independiente, con centro de gravedad en el mercado interno en proceso de expansión.

A partir de octubre de 1945, a través de las páginas de Frente Obrero, la izquierda nacional, desde una posición socialista apoyó de modo independiente las medidas nacionales del régimen popular y señaló la necesidad de profundizarlas en sentido antiimperialista, advirtiendo que, a pesar de haber sido despojado del manejo de los asuntos públicos, el antiguo bloque de clases encabezado por la oligarquía terrateniente aún mantenía intacto su poder material, derivado del monopolio sobre las mejores tierras de la pampa húmeda, cuya expropiación era el fundamento necesario de un proceso de acumulación capitalista autónomo. Sin embargo el peronismo encontró sus límites sociales antes de alcanzar ese punto. En definitiva las relaciones de propiedad que aseguraban la persistencia de una clase típicamente parasitaria, constituyeron una barrera infranqueable. Y así, las limitaciones ideológicas y de clase y la impotencia política, presentes en septiembre de 1955, dieron cuenta de que el componente burgués encerrado en la contradicción entre la naturaleza del programa y la base obrera del peronismo, fue el término que prevaleció, paralizando al movimiento popular.

La burguesía nacional ya no volvería a tener una oportunidad como la que se le presentó en las décadas de los 40 y la primera mitad de los 50. Posteriormente, el intento frondizista de desarrollar el capitalismo nativo basado en las inversiones del capital extranjero, junto con la pretensión de neutralizar y reducir el poder de la oligarquía terrateniente mediante el supuesto ensanchamiento de la brecha de productividad existente entre la industria y el agro, habría de demostrar el carácter subordinado y, en definitiva, capitulador de esa fracción del empresariado local.

Tras los rastros del poder

Ese mismo nacionalismo burgués es el que en el presente pretende expresar políticamente el kirchnerismo, en condiciones históricas por entero diferentes a las que imperaban al promediar el siglo pasado, cuando los procesos de descolonización avanzaban en la periferia capitalista y las ideas y políticas keynesianas eran moneda corriente en los países metropolitanos. Pasaron seis décadas desde el inicio de la empresa peronista y el nacionalismo burgués, si es que se puede nombrar de este modo al actual programa de gobierno, presenta un aspecto patético. Las fracciones de la gran burguesía exportadora, principales beneficiarias de la solución que terminó imponiéndose en los círculos dominantes tras el estallido de la convertibilidad, primero bajo el gobierno de Duhalde y luego de Kirchner, integran una trama de negocios en la cual el capital extranjero tiene una influencia gravitante. En el pasado esas fracciones se enriquecieron en el negocio de las privatizaciones y luego salieron beneficiadas con la pesificación de parte de sus deudas en el momento de la devaluación; forman parte del club de acreedores de la deuda pública y periódicamente fugan capitales hacia los circuitos de la especulación financiera internacional. La defensa de sus intereses en modo alguno supone un antagonismo con el capital imperialista. Se asocian con las corporaciones extranjeras cuando así conviene a sus negocios, pero hasta cierto punto están dispuestas a adoptar una política defensiva si sus intereses se ven amenazados. Sin embargo su ideología, su política y sus proyectos se inscriben en el cuadro tradicional de subordinación que determina el comportamiento de las clases dirigentes de los países atrasados y dependientes. La apertura comercial y financiera, el superávit fiscal y el estricto pago de la deuda pública, así como la flexibilidad laboral y el desmantelamiento del Estado, es decir los resortes básicos de las políticas neoliberales de los años 90, constituyen los puntos centrales de su programa estratégico. Si bien sus intereses se diferencian y marcan contradicciones de distinto grado con el capital invertido en el negocio financiero y en las empresas públicas privatizadas, como quedó en evidencia durante la crisis de hegemonía que rodeó al estallido de la convertibilidad, mantienen en lo fundamental una unidad de bloque. La centralización - concentración - extranjerización del capital, rasgos sobresalientes del nuevo patrón de acumulación que se impuso en los últimos treinta años, multiplicó su poder al punto que hoy, tras la bancarrota de diciembre de 2001, ha logrado fijar la línea dirigente de la política gubernamental. Pero al mismo tiempo tres décadas de brutales ajustes neoliberales han aumentado notoriamente los niveles de explotación de las masas trabajadoras, marginando a contingentes crecientes de desocupados y polarizando violentamente la sociedad. Ciertamente, pasó la época en que existía margen político para el desenvolvimiento de una jefatura popular que, atendiendo a los intereses del capitalismo nativo, lograra afirmar cierto equilibrio bonapartista, incorporando al programa de gobierno las reivindicaciones de las masas trabajadoras. En su lugar, la presidencia de Kirchner, respaldado por la dirigencia, política y moralmente corrompida del PJ, y apuntalada por una corriente integrada por algunos ex jóvenes montoneros de los años 70, reciclados luego en el “progresismo” de los años 80 y 90, cubre con un doble discurso la ambigüedad, vacilaciones y carácter subordinado de la pequeña burguesía puesta a gerenciar desde el Estado los asuntos de los círculos del poder dominante.