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En la jornada de trabajo realizada el 05 de Julio pasado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT, pocos docentes y muchos alumnos nos convocamos para leer y debatir colectivamente el documento propuesto por el gobierno nacional para sentar las bases de una nueva ley de educación nacional.
De los aspectos fundamentales de la convocatoria podría decir —a modo de comentario personal— que la primera reserva expresada por los presentes se relacionó con el escaso tiempo destinado al debate, luego, con la natural desconfianza que generan las consultas no vinculantes y, por último, con su carácter meramente formal, en tanto se argumentó que desde el poder central el texto de la normativa estaba decidido de antemano (léase, proyecto de ley elevado por la oficialista y presurosa CTERA).
A pesar de estos resquemores y más allá de las intenciones, considero personalmente que las verdaderas razones de la convocatoria, si bien están omitidas en el documento oficial, saltan a la vista del observador atento y tienen directa relación con el estado catastrófico en que se encuentra la educación pública del país y con la crisis terminal y lastimosa inercia en la que sobreviven, diseminados por los distritos, los restos atomizados del otrora Sistema Educativo Nacional, centralizado, público y estatal.
Nadie puede ignorar las funestas consecuencias que descargó sobre la educación pública, el trípode normativo parido por el menemismo: Ley de Transferencias de los Servicios Educativos (1993); Ley Federal de Educación (1993) y Ley de Educación Superior (1995), sustento legal de la Transformación Educativa y correlato pedagógico-cultural del genocidio social instaurado en la sociedad argentina, fruto de la aplicación sin anestesia de las políticas neoliberales y neoconservadoras, materializadas en el proceso de privatizaciones, la liquidación del Estado, entrega y enajenación del patrimonio nacional y de los recursos naturales de los argentinos. También de la pobreza y exclusión crecientes. Este engendro, diseñado por las corporaciones multinacionales para América Latina desde que se pusiera en vigencia el Washington Consensus, es -sin duda- el testimonio más cruel heredado en materia educativa de la “segunda década infame del siglo XX (1989-2001)” y corolario de un proceso de derrotas y retroceso del pueblo argentino, trágicamente cristalizado en 1976.
Aunque los fuegos del 2001 abrasaron al delarruismo como continuidad social-demócrata del menemismo, los esperados cambios educativos nunca llegaron (Duhalde y Kirchner incluidos) y el programa pedagógico menemista aun goza de buena salud y sigue produciendo daños estructurales a nuestra educación. Los resultados están a la vista y sin mucho esfuerzo podemos observar un yermo panorama de escuelas devastadas, pobladas de docentes mal pagados y niños famélicos, vaciadas material y conceptualmente, sin posibilidades de cumplir con la misión pedagógica asignada y transformadas en centros de asistencialismo y contención social de la segunda infancia. Ni qué decir de los colegios medios donde reina el indiscernible Polimodal expresión devaluada y fragmentada de una educación media sin fines ni objetivos claros, que nada estimula, nada enseña y nada propone a la crítica y violenta adolescencia de estos tiempos. Los aciagos resultados que muestran sus egresados, que tratan de ingresar a la educación superior universitaria y terciaria portando el fracaso inmediato como única certeza y en condición de semi-analfabetos sociales, lo dice todo. No hace falta abundar sobre el panorama desolador que muestran las UUNN, sometidas a un estrangulamiento presupuestario crónico y a la política prebendaria de sus grupos de poder. Ámbito cada vez menos académico y cada vez más alejado de las problemáticas sustantivas de su entorno inmediato, de su región y de un proyecto histórico de nación; lugar donde la brecha entre funcionarios ricos y profesores pobres es cada vez mayor, condicionando severamente su destino trascendente como supuestas formadoras de la masa crítica y especializada de la sociedad.
Alertados por esta debacle es que el Ministerio sin escuelas y sin jurisdicciones llama a este debate, por lo tanto y más allá de sus intenciones, todos los que sabemos que el destino trascendente de la Argentina está atado inexorablemente a una educación pública pujante y emancipadora, no renunciaremos a este espacio de lucha. Por lo mismo, debemos posicionarnos y participar activamente, imitando (pero en sentido inverso) a los sectores más recalcitrantes del privatismo finisecular y del integrismo dogmático, que presionan sistemáticamente al gobierno para que aborte la iniciativa.
Por lo mismo, no sólo debemos criticar las falencias y carencias del documento oficial, sino explicitar y debatir las utopías pedagógicas que deben configurar el perfil educativo-emancipatorio del nuevo milenio, a fin de superarlo. De lo contrario haremos más de lo mismo, cayendo en redundancias inútiles.
Desde esta perspectiva poco podemos decir del primer capítulo del documento, más allá de resaltar su carácter retórico, elíptico, afecto a remarcar lugares comunes, saturando el texto con palabras como “justicia social”, “calidad”, “educación para todos”, “buena ciudadanía” “igualdad”, etc., pero omitiendo —a mi juicio— lo sustancial de la problemática educativa. En cierto sentido estamos en presencia de un texto “culposo”, pues fue escrito e ideado por funcionarios reciclados, muchos de los cuales en los ‘90 diseñaron e impulsaron la “transformación educativa” menemista. Como la vida nos da sorpresas, hoy tienen que borrar con el codo lo que escribieron con la mano, por lo tanto llama la atención la supresión intencional de lo acontecido en esa década, más la constante negación y referencia a la Ley Federal de Educación, como sustento de la debacle educativa.
En su afán de ocultarla y de ocultarse, se la comieron de un bocado. Por ello tampoco convence cuando intentan trazar un paralelismo entre la señera y profunda Ley 1420 y el documento oficial, pero en este acto fallido también se fagocitan el concepto de “laicidad” y “principalidad del Estado”, retomando concesiones reclamadas por la Iglesia Católica, al sostener a la familia como agente natural y principal de la educación. Lejos de rescatar ambos conceptos, de altísimo significado en la historia educativa argentina y creadores de una concepción moderna, científica e inclusiva de escuela pública, otra vez pesan las redundancias.
Rasgándose las vestiduras, los autores del documento derraman tinta en esforzándose en mostrar un giro copernicano respecto a los 90, pero no logran convencer a nadie. Para que pueda caber un mínimo de sinceridad y credibilidad, tendrían que comenzar por cuestionar y dejar en suspenso la recientemente sancionada Ley de Financiamiento Educativo y la Ley de Educación Técnica, antecedentes inmediatos que lejos de proponer una ruptura con las políticas neoliberales y neoconservadoras anteriores, sugieren una continuidad más aggiornada. Además como lo venimos manifestando, ¿por qué el apuro de sancionar primero una “ley de financiamiento”, antes que una ley global, sustento de la “educación nacional” en toda su integridad, como lo plantea el documento oficial? Esta normativa es la que debe subordinar el financiamiento a los fines últimos de la educación nacional. Pero este atar el carro delante de los caballos y no al revés, traduce una actitud incomprensible de los funcionarios educativos. Ahora, si se quiere maniatar la educación a los vaivenes del Ministerio de Economía, a los intereses de las privatizadas y a las presiones del poder foráneo, todo está claro. Como puede observarse, poco a poco nos vamos acercando a lo sustancial de la problemática educativa no explicitada en el texto de debate ¿Y qué es lo sustancial de la problemática educativa?
A mi juicio, una de las cuestiones esenciales es refutar la argumentación que sostiene que una “mejor educación” es garante de la “justicia social” y clave del “desarrollo humano”. Más allá de las reminiscencias a la clásica omnipotencia sarmientina de que la escuela “todo lo puede”, esta caracterización es indebida, pues cualquier “léido” sabe que este artilugio discursivo se denomina “exportar la crisis de la economía a la educación”. Dicho de otro modo: no es el orden capitalista periférico, injusto y desigual el que genera sociedades duales y excluidas. Para los funcionarios el tema es mucho más simple: una educación deficiente es la causa de la “injusticia social”, ocultando de ese modo a los verdaderos responsables y hacedores nacionales e internacionales de esta lacra, que ha sumido a miles de argentinos en la pobreza y desesperación.
Respecto al “desarrollo humano”, nuevamente la “educación es clave para conseguir empleo y desarrollar la sociedad”. Más allá de este error, identificado con la teoría del “capital humano”, la intención del documento no es denunciar al modelo económico instalado en los 90 —y aún vigente—, como productor de procesos brutales de exclusión, de precarización laboral, de incremento real de la desocupación y la marginalidad: el problema está una y otra vez en el individuo, quien por no “educarse”, pierde la posibilidad de integrarse al mundo del trabajo. Su responsabilidad es personal, por no haber logrado el acceso al dominio de los códigos de la cultura de este tiempo.
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