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En América Latina no sólo el Mercosur está en crisis. Recientemente el gobierno de Venezuela comunicó a la secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) su decisión de retirarse del bloque, mientras que el de Bolivia estudia la posibilidad de adoptar una medida similar. La resolución del gobierno de Hugo Chávez fue motivada por los compromisos a que arribaron los presidentes de Perú, Colombia y Ecuador con el gobierno de Estados Unidos en torno a Tratados de Libre Comercio (TLC), un convenio similar al que se empeña en firmar el gobierno “progresista” de Tabaré Vázquez en Uruguay con el país del norte.
El acuerdo de la Comunidad Andina consiste básicamente en la organización de una zona de preferencias arancelarias entre sus cinco socios, que van desde de la anulación hasta una reducción apreciable de los derechos de importación de intrazona, de modo de establecer un diferencial respecto a los productos que entran desde los países externos al bloque. Por el contrario, los acuerdos que impulsan los gobiernos domesticados de Toledo, Uribe y Palacio con la autocracia imperialista, liquidan el diferencial arancelario y otorgan todo tipo de ventajas en las áreas del comercio y de las inversiones al capital estadounidense.
El caso de la soja boliviana es típico. En los tratados firmados con Perú y Colombia, Washington obtuvo un nivel de preferencia arancelaria igual al que tiene Bolivia. Estados Unidos es el mayor productor mundial de soja y el gobierno gasta millones de dólares al año para subsidiar los productores. Bolivia es a su vez el mayor productor de oleaginosos del la Comunidad Andina: casi el 90% del total producido en la región tiene origen en el país del altiplano. Luego de los hidrocarburos la soja es el principal producto exportado por Bolivia: un cuarto de los bienes colocados en el exterior correspondieron al complejo oleaginoso en 2003. Alrededor del 90% de esas ventas son realizadas en el mercado andino. Sin embargo los acuerdos que impulsan los gobiernos de Perú, Colombia y Ecuador con el de Estados Unidos, dan un vuelco a la situación. La desigualdad respecto a la soja subsidiada de los productores norteamericanos tornará imposible cualquier competencia en esa parte del mercado andino. La situación de los bolivianos es crítica. Según estimaciones del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, la firma de los TLCs representarán una pérdida de 150 mil empleos directos y de 450 millones de dólares anuales por comercialización externa.
Sin embargo el TLC impulsado por el gobierno de Bush no sólo vulnera el arancel externo común, sino que establece una asimetría ruinosa para los productores latinoamericanos. En
Colombia los críticos del tratado denunciaron reiteradamente esta discriminación. De acuerdo con los análisis de Planeación Nacional (2003) y del Banco de la República (2005), el tratado aumentará las exportaciones de Estados Unidos a Colombia dos veces más que las de sentido inverso, ya que los aranceles colombianos se reducirán cuatro veces más que los de su socio. Gracias a esta desproporción los productores locales de cereales, oleaginosas, algodón, azúcar, fríjol, papa, hortalizas, frutas, leche, carnes de cerdo, pollo y res, severas pérdidas. Pero los daños a la pequeña y mediana industria serán mayores que los que soportará el agro. Además, las cláusulas sobre propiedad intelectual encarecerán los medicamentos y los agroquímicos, mientras que los inversionistas norteamericanos gozarán de preferencias respecto a los capitalistas locales. En definitiva, el TLC condenará a Colombia a la condición de exportador agrícola y minero, la convertirá en área de radicación de maquilas de baja tecnología y depreciadas condiciones laborales.
En esta negociación el gobierno de Bush aplicó toda su influencia y presión sobre su aliado privilegiado al punto que, en el trámite de la traducción los negociadores norteamericanos, no vacilaron en falsificar los documentos originales y, cuando el disciplinado régimen de Uribe se quejó del “abuso de confianza”, la negociadora agrícola estadounidense, Mary Latimer, les respondió a los atribulados colombianos que el texto era el que presentaba su país. “Tómenlo o déjenlo”, habría señalado amablemente la enviada de Bush.
Una actitud similar adoptó la Casa Blanca en relación con el gobierno de Alfredo Palacio en Ecuador. La declaración de caducidad del contrato con la Occidental Petroleum por incumplimientos de la empresa en el marco de una reforma de la ley de hidrocarburos, hizo que los estadounidenses suspendieran las tratativas con los ecuatorianos. Una lenguaraz del Departamento de Estado declaró al respecto que el gobierno de Estados Unidos estaba “muy decepcionado” por la decisión, que parecía representar “una incautación de los activos de una empresa estadounidense”. A su vez la compañía, amparada por el tratado de protección de inversiones que Ecuador firmó con Estados Unidos, recurrió ante el tribunal internacional del Ciadi reclamando indemnización.
El imperialismo norteamericano no negocia: simplemente impone condiciones. Su objetivo sigue siendo el que definió en su momento el entonces Secretario de Estado, Colin Powell, para el Alca: “garantizar a las empresas estadounidenses el control de un territorio que se extiende desde el Artico hasta Tierra del Fuego y el libre acceso sin ninguna clase de obstáculos para nuestros productos, servicios, tecnologías y capitales por todo el hemisferio”.
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