Ley de Financiamiento Educativo
Análisis y Controversias. Argentina 2005

I. La Crónica Oficial

La crónica oficial informa que en el Salón Blanco de la Casa Rosada, el viernes 09 de Septiembre de 2005, el presidente Néstor Kirchner firmó el proyecto de Ley de Financiamiento Educativo, impulsado por el ministro de Educación Daniel Filmus y avalado por empresarios del país, el cual inmediatamente fue enviado al Congreso. En el acto estuvieron presentes los 24 gobernadores argentinos, los rectores que integran el Consejo Inter-universitario Nacional (CIN), algunos gremios docentes y no docentes, los sectores empresariales, como la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Federación Agraria, organismos de Derechos Humanos, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), las Abuelas de Plaza de Mayo y las Academias nacionales de Ciencia y de Educación, entre otros.

El proyecto prevé un aumento progresivo de la inversión en educación, ciencia y tecnología por parte del Gobierno nacional, los Gobiernos provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los años 2006 y 2010, para alcanzar en este último año una participación del seis por ciento (6%) en el Producto Interno Bruto. El objetivo es mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, para garantizar la igualdad de oportunidades de aprendizaje, apoyar las políticas de mejora en la calidad de la enseñanza y fortalecer la investigación científico-tecnológica, reafirmando el rol estratégico de la educación, la ciencia y la tecnología en el desarrollo económico y socio-cultural del país.

"Con todos los ministros y gobernadores, con los dirigentes gremiales, desde el primer minuto en que nos tocó gobernar esta Argentina que había explotado, empezamos a pensar cómo dar las respuestas que el pueblo argentino necesitaba, con un proyecto educativo que sea el eje de la transformación de este país", sostuvo el presidente Kirchner. Y agregó: "Queremos una ley de Educación que nos ayude a construir un país donde los argentinos nos sintamos todos contenidos, que sea una patria para todos, una ley de Educación que vuelva a revalorizar a la sociedad en todos sus aspectos".

Por su parte, el titular de la cartera educativa nacional señaló: "Estamos ante una ley que no se refiere sólo a aspectos de la educación, la ciencia y la tecnología, sino que se refiere a la Argentina del futuro, y a lo que más queremos, que son nuestros chicos y nuestros jóvenes". "No hay mejor política económica que la capacitación de la gente. En un mundo como el actual, la riqueza o pobreza de las naciones se definen por la capacidad de su gente y la posibilidad de agregar valor a partir de su trabajo. Esta es una estrategia económica, de desarrollo y de crecimiento", agregó el Ministro.

Filmus concluyó: "El mejor homenaje que podemos hacerle a Sarmiento y a nuestros docentes e investigadores, que tan duramente trabajan día a día, es avanzar en esta ley, cumplirla y transformar la educación de manera de construir el país que todos ellos se merecen".

El aumento de recursos significará que en los próximos cinco años el gobierno tendrá que trabajar para que en 2010 la Nación aporte el 40% del gasto educativo, y las provincias el 60%, mientras que actualmente la proporción es inversa porque un 22% es aportado por el gobierno federal y el 78% por las 24 jurisdicciones.

Se prevé que con la nueva ley se incrementará en 9 mil millones el monto del presupuesto, lo que significa, según Filmus, un paso clave que permitirá "resolver algunos temas de atraso histórico, como el salario de los docentes, la compensación de las desigualdades entre las provincias, la ampliación de la capacidad edilicia que permita incorporar a los chicos que están fuera del sistema educativo, apoyar el desarrollo científico y tecnológico en vinculación con el modelo nacional y fortalecer las escuelas técnicas, entre otros". El texto en el que durante los últimos diez meses trabajaron los equipos técnicos del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología explicita diez objetivos esenciales sobre los que se pretende focalizar esta inversión educativa.

1) Incluir en el nivel inicial al 100% de la población de 5 años de edad y asegurar la incorporación creciente de los niños y niñas de 3 y 4 años, priorizando los sectores sociales más desfavorecidos.

2) Garantizar un mínimo de diez años de escolaridad obligatoria para todos los niños, niñas y jóvenes. Asegurar la inclusión de los niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales. Lograr que, como mínimo, el 30% de los alumnos de educación básica tengan acceso a escuelas de jornada extendida o completa, priorizando los sectores sociales más desfavorecidos.

3) Avanzar en la universalización del nivel medio/polimodal logrando que los jóvenes no escolarizados, que por su edad deberían estar incorporados a este nivel, ingresen o se reincorporen y completen sus estudios.

4) Erradicar el analfabetismo en todo el territorio nacional y fortalecer la educación de jóvenes y adultos en todos los niveles del sistema.

5) Producir las transformaciones pedagógicas que posibiliten mejorar la calidad del sistema educativo nacional en todos los niveles y modalidades, garantizando la apropiación de los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios por la totalidad de los alumnos de los niveles de educación inicial, básica/primaria y media/polimodal.

6) Expandir la incorporación de las tecnologías de la información y de la comunicación en los establecimientos educativos y extender la enseñanza de una segunda lengua.

7) Fortalecer la educación técnica y la formación profesional impulsando su modernización y vinculación con la producción y el trabajo. Incrementar la inversión en infraestructura y equipamiento de las escuelas y centros de formación profesional.

8) Mejorar las condiciones laborales y salariales de los docentes de todos los niveles del sistema educativo. Promover la jerarquización de la carrera docente. Fortalecer y mejorar la calidad de la formación docente inicial y continua.

9) Fortalecer la democratización, la calidad, los procesos de innovación y la pertinencia de la educación brindada en el sistema universitario nacional.

10) Jerarquizar la investigación científico-tecnológica y garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos para el sistema científico-tecnológico nacional

En el caso de las provincias y la ciudad de Buenos Aires este incremento, cuyo financiamiento provendrá del aumento en la disponibilidad de recursos fiscales, se destinará prioritariamente a mejorar las remuneraciones docentes. Asimismo, contribuirá a jerarquizar la carrera docente, garantizando su capacitación, y a adecuar los planteles docentes a fin de asegurar la atención de una matrícula creciente. Este último aporte se realizará por el plazo de 5 años, con una asignación específica en los términos del inciso tercero del artículo 75 de la Constitución Nacional.

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, en su carácter de autoridad de aplicación de esta ley, definirá a través de convenios bilaterales con las jurisdicciones provinciales y la ciudad de Buenos Aires, las metas anuales a alcanzar durante los próximos cinco años, los recursos financieros que se asignarán para su cumplimiento y los mecanismos de evaluación destinados a verificar su correcta asignación. A los efectos de dotar de una mayor transparencia a la gestión pública, la estructura programática del presupuesto anual de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires deberá reflejar en forma separada los recursos, depositándolos en una cuenta especial, de modo de facilitar su seguimiento, monitoreo y evaluación.

La Ley prevé también la prórroga por el término de cinco años a partir del 1/01/2004 de la vigencia del Fondo Nacional de Incentivo Docente, creado por Ley N° 25.053, de modo de no alterar los procesos de recomposición salarial en marcha en las distintas jurisdicciones. El proyecto entrará hoy mismo a la Cámara de Senadores y, según lo previsto, comenzarán a tratarlo las Comisiones de Hacienda, Educación y Coparticipación Federal, en una audiencia pública prevista para el 20 de este mes.

II. Las Voces Disidentes

Más allá de la crónica oficial considero de importancia prestar atención a las voces disidentes que -desde espacios ajenos al poder- plantearon visiones e interpretaciones alternativas sobre la normativa en cuestión. A tal fin rescataré los considerandos más relevantes de las diversas declaraciones provenientes de este sector.

Lo primero que señalan es que La Ley de Financiamiento Educativo fue sancionada en diputados al mismo tiempo que el Poder Ejecutivo entregaba 9.810 millones de dólares al FMI. Esta Ley de Financiamiento prevé sólo 9.000 millones, pero de pesos, es decir menos de la tercera parte de lo que se pagará para la deuda Externa. El supuesto incremento no sólo es insuficiente, y tardío sino que profundiza la desigualdad educativa a la que condujo la Ley Federal. Es una normativa útil para reencauzar la Reforma de los 90, para su control más eficiente y centralizado, así como para reinstalar el peligro de la flexibilización laboral de los docentes de la mano de las burocratizadas conducciones de CTERA-UDA. Su debate no es una mera cuestión corporativa de los docentes. Se trata del derecho a la educación.

Como es sabido, La Reforma Educativa de los 90 (Ley de Transferencia, Ley Federal -LFE- y Ley de Educación Superior-LES) provocó la mayor fragmentación de la historia de inversión educativa en cada provincia, con la consecuente violación de los derechos a acceder a igual calidad de la educación. La transferencia de los diferentes niveles educativos a las provincias, redujo los gastos de la Nación y descargó el peso de la misma en estas últimas. Así se pasó de una relación del 34,5 % en la Nación y 65,5% en las provincias durante el 88 a 17,3% y 82,7% respectivamente en el 2002. Con sus economías regionales en crisis y escasos PBI, no pudieron afrontar la dimensión del esfuerzo requerido. Llevamos ya más de una década con promedios de diferencias que oscilan de 1 a 4 entre lo que se invierte en provincias pobres como Salta (688$ por alumno) a provincias con más ingresos como Santa Cruz (2799$) para el promedio del período del 94 al 2.000 dentro de un panorama nacional que sostiene un promedio de escasos 1.284$ por alumno. Estamos así frente a un doble problema de desigualdad e insuficientes recursos. Basta considerar casos como el de la provincia de Santa Fe que tiene una inversión anual casi equivalente al promedio nacional y en la actualidad, la mitad de sus edificios escolares está en pésimo estado.

Argentina viene sufriendo un proceso creciente de retroceso en su nivel de inversión en educación en relación al resto de los países del mundo con los que otrora competía. Si en 1947 Argentina ocupaba el principal lugar en el mundo por número de escuelas primarias por habitante y una de las mayores inversiones, hoy estamos 5 puntos por debajo del promedio de gasto por alumno respecto de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico): El promedio de Argentina de gasto educativo por alumno respecto del PBI por habitante (%) en los niveles inicial y primario es de 13% contra 18% en la OCDE y en secundario de 19% contra 26% respectivamente.

De manera que una propuesta que rediscuta la situación del presupuesto educativo debería atacar los dos problemas, el total de fondos que se invierten y la forma de su distribución para revertir la actual desigualdad.

II. 1. El Re-encauzamiento de la Reforma

El segundo argumento sostiene que el Ministerio de Educación señala como un cambio en la política de su gestión el hecho de que entre el 2002 y el 2005 se incrementó en casi un 110% el presupuesto que administra. (incremento de $ 2.146.millones a $4.779 millones). Esta cifra esconde sin embargo tres cuestiones: La primera es que se trata de valores absolutos debiéndose dar cuenta de una inflación en el período de casi el 68% según el IPC (tomando como base el 99). La segunda es que ese incremento no ha significado una mejora equivalente de los recursos de las escuelas ya que desde la Ley Federal este es un Ministerio sin escuelas y sin docentes. Sus fondos alimentan una super-estructura monstruosa de técnicos, mecanismos de control y evaluación, proyectos que están por fuera del Sistema Educativo Formal, libros cuya compra se define centralmente, y becas cuya distribución también se destinan centralmente. Todas estas, inversiones que permiten una mayor centralización del sistema, de control ideológico y político de la educación continúa el estilo de gestión impuesto por la reforma menemista.

La tercera es que esas cifras como todas las que se muestran en el ministerio en su página www.me.gov.ar toman como punto de partida de las comparaciones el 2001-2 escondiendo que aún no se ha recuperado ni siquiera en valores absolutos la inversión que existía antes de la crisis. Por ejemplo en el 2001 la inversión consolidada (nación y provincias) era $12.699,7 millones, equivalente al 4.9 % del PBI y en el 2.002 bajó a $8.160,7 millones, sólo el 4% del PBI.

II. 2. Un Fiscal sin Responsabilidades

De acuerdo a lo previsto en el presupuesto del 2006, sin necesidad de que medie la sanción de la supuesta Ley de Financiamiento, las cifras destinadas a Educación aumentarían a 6.054.805$. Es decir el Ministerio tendrá más dinero. Y ha decidido ponerle precio a su derivación a las provincias: les exigiría a ellas también un incremento de la inversión según una tabla de índices establecida y su sujeción a determinados criterios como requisito para recibirlo. El Estado Nacional cierra así una genial ingeniería que combina la descentralización en la responsabilidad efectiva de la educación que seguirá estando en manos de las provincias y una centralidad inédita en los mecanismos de control ideológico y político de lo que se enseña a través de los libros, del cómo se enseña a través de los organismos evaluadores, equipos de capacitación, y de la perla del proyecto: el ajuste de los estatutos docentes jurisdiccionales a un convenio marco acordado con CTERA-UDA, AMET y SADOP.

En este sentido puede decirse que Filmus-Kirchner aprendieron del FMI y de los organismos internacionales que monitorean y controlan las reformas que se implementan a través de los mecanismos de crédito. Por ejemplo el programa de “Promoción de la Reforma Educativa para América Latina y el Caribe” (PREAL) establece políticas educativas a partir de los informes de sus centros locales de información como REDUC (Red Latinoamericana de Información y Documentación en Educación). Estos a su vez actúan en acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que impone esas políticas mediante la presión de los créditos que además de invertirse en lo que esos organismos deciden son otro de los motores de generación de deuda externa. El PREAL, que tiene como uno de sus coordinadores al actual Ministro Filmus, elaboró un informe en el `99 señalando la insuficiencia de las medidas tomadas en el proceso de la Reforma en América Latina. Los Programas de “Descentralización y Mejoramiento de la Educación Secundaria” (PRODYMES) celebrados con créditos acordados por el BIRF (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento) fueron parte de estos mecanismos de dependencia y control.

En este sentido, es interesante advertir lo que dice el punto 43 del documento final de la Cuarta Cumbre de las Américas, reunida recientemente en Mar del Plata: "...Tomamos nota con satisfacción de la sugerencia de los Ministros de Educación para que nuestros gobiernos, con las instituciones financieras internacionales otras formas innovadoras de incrementar el financiamiento para la educación, tales como el canje de deuda por inversión en educación". Para dejar claro el alineamiento imperial; en los fundamentos del proyecto de presupuesto 2006 de educación dice: "... realizar gestiones tendientes a promover los procesos de canje de deuda externa por educación desde los documentos y declaraciones de los Organismos Internacionales, y desde las declaraciones de nivel ministerial, de las Cumbres de las Américas...".

En consecuencia, el proyecto de Ley de Financiamiento propone una especie de fiscalía que controle a las provincias a través de los mecanismos financieros sin ser responsables efectivos de la educación que estas brindan realmente. ¡Llegan incluso a amenazar con sanciones consistentes en suspensión de partidas a aquellas que no se avengan a las pautas que la Nación establezca! Este mecanismo ha sido resistido por los senadores de diversas provincias que cuestionan que con los escasos presupuestos que poseen no pueden aceptar los mecanismos de sanciones que pretende el gobierno nacional para determinar sus inversiones locales. Pero no nos equivoquemos: los senadores lejos de proteger los intereses de sus provincias, intentan evitar los reclamos de otros sectores también postergados. Es decir, protegen la "gobernabilidad" del sistema.

En 1905, hace 100 años exactamente, ante la incapacidad financiera de las provincias para satisfacer la demanda de construcción de escuelas, el Estado Nacional se hizo cargo sancionando la Ley Láinez. Creó la mayoría de las escuelas cuyos edificios aún sobreviven y sostuvo de sus fondos la expansión del sistema.

En el 2005, Filmus-Kirchner no vuelven para atrás la Reforma Educativa en sus líneas centrales. No asumen la responsabilidad de afrontar con el superávit fiscal nacional, producto de las mayores exportaciones, la revisión de la desigualdad educativa existente entre las provincias. Simplemente se proponen "reforzar" las inversiones según un índice que se establece de acuerdo a la matrícula y otros parámetros, y en base a una relación entre ambas jurisdicciones que quedaría establecida en 40% para nación y 60% para las provincias.

Para algunas provincias que ya están en esfuerzos de inversión equivalentes al 30% de sus presupuestos provinciales, el mecanismo propuesto es difícil de cumplir pues no sólo no podrían aumentar más su inversión en educación sino que el incremento pretende condicionarla en los fondos de coparticipación federal previstas para el año entrante. Para que sea más claro, la relación en educación entre el gasto consolidado nacional en educación, y el presupuesto total nacional (provincias más nación), es de alrededor del 14%. O sea que de cada cien pesos que el estado nacional y las provincias gastan, sólo 14 se destinan a educación. Sin embargo esta cifra es un promedio. Para algunas provincias con presupuestos muy pobres el esfuerzo financiero como se dijo anteriormente este esfuerzo es cercano al 30% o sea más del doble de la media nacional.

Dicho todo esto, estamos afirmando que si se desea realmente afrontar la crisis educativa se debería re-nacionalizar el sistema educativo en su cuestión financiera para que sea el Estado Nacional quien afronte la inversión en educación del mismo modo que en su momento se hizo con la ley Láinez.

II. 3. El PBI no Puede Ser la Referencia

Por otra parte, establecer las metas de gasto en base al PBI es un criterio que impusieron los organismos internacionales en las últimas décadas y tiene sus riesgos no sólo porque cada gobierno varía los criterios de contabilizar el mismo sino porque los propios PBI oscilan marcadamente como pasó en nuestro país. Por ejemplo en nuestro país el PBI por habitante bajó de 7.616 dólares en el 92 a 4.080 en el 2002 y a 3.810 dólares en el 2005. (Fuente Banco Mundial).

El proyecto de financiamiento de Filmus-CTERA establece que su meta es pasar del 4% del PBI actual al 6% en el 2.010. En apariencia el proyecto promovería un incremento del 50% en 5 años. Sin embargo como ya dijimos antes esto desconoce primero que ya estábamos en el 4,9 en el 2001 durante el gobierno de De La Rúa y que por lo tanto hemos retrocedido un punto. Pero además, que el propio PBI bajó. Medir en términos de PBI es lo mismo que decir que los salarios deberían estar ajustados a la productividad de una empresa sin tener en cuenta que las personas necesitan una canasta familiar para sobrevivir. Del mismo modo que en materia salarial reclamamos la canasta básica (1.800$) nos parece que deberíamos reclamar una "canasta educativa" o gasto por alumno medio nacional al que se debería llegar como meta. Por ejemplo decir que la media nacional es hoy cercana a los 3,5 $ por día por alumno (1.318$ anuales por alumno) es bastante ilustrativo de la pobreza de nuestro sistema. Si al mismo tiempo decimos que en algunas provincias esto baja a 2$ o sea casi a la mitad también. La propuesta es justamente discutir del mismo modo que el INDEC establece la canasta familiar, cual es el gasto por alumno necesario para garantizar el derecho a la educación y esa nos parece sería una tarea de los docentes y sus organizaciones.

Esta propuesta sería una herramienta más convincente que simplemente un porcentaje de aumento del presupuesto.

II. 4. Dime Quién te Apoya y te Diré...

Son sorprendentes los apoyos que ha cosechado este proyecto de financiamiento entre los empresarios, la Iglesia y las conducciones gremiales. Es que Filmus es Sociólogo y sabe hacer las cosas bien con quienes constituyen resortes de poder. Veamos

¿Por qué están tan contentos los empresarios de la Unión Industrial Argentina, de la Cámara de Comercio, de la Asociación Empresaria Argentina, de la Sociedad Rural, de IDEA, es decir, del conjunto del arco empresarial, y hasta el propio Llach, ex ministro de Educación de De La Rúa que cayó sin alcanzar a imponer su plan (una versión del famoso proyecto Sofia de la Banca Boston?

Es que este proyecto, junto a la Ley de Educación Técnica pretende un giro hacia una mayor vinculación de la educación con las necesidades de las empresas capitalistas y las corporaciones que se beneficiaron con las privatizaciones y el desguace del Estado. Si durante el uno a uno importar hasta los repuestos supuso desatender la formación técnica, con la devaluación vuelve a ser rentable producir algunas auto-partes en el país y los empresarios descubren que ¡No hay técnicos capacitados para satisfacer sus demandas! Pero lejos de pensar en la formación integral de esos jóvenes, dentro de lo cual la formación técnica vincule teoría y práctica, las empresas imponen capacitaciones restringidas a la medida de sus necesidades que bien podrían brindarla gratis en sus propias empresas, pasantías que significan simples manos de obra barata, y todo atado a planes de exención impositiva.

¿Y la iglesia? ¿Cómo se explica que la iglesia apoye al mismo gobierno que promueve el control anticonceptivo? Es que a la hora de la plata la Iglesia no tiene problemas religiosos. Durante la Reforma, la educación privada vio incrementar sus beneficios. La relación de inversión del estado por alumno privado con respecto a la inversión por alumno de escuelas estatales pasó de 0,45 en el 94 a 0,59 en el 2000. Aumentó el 30%. Filmus la mantuvo. Pero esto no es todo.

Cada año aumenta el número de escuelas "conveniadas" o "cogestionadas" o "charters". Este también constituye un diseño promovido por el PREAL que por ejemplo en su informe Nº 17 revindica las escuelas EDUCO en el Salvador o las PRONADE en Guatemala que "administradas por asociaciones de padres, reciben financiamiento para el mantenimiento de instalaciones y contratación de docentes". Este mecanismo permite el control creciente de sectores particulares de la matrícula de las escuelas otrora públicas que sin embargo el estado financia al 100%. Así mientras las estatales públicas tienen grados de 40 alumnos, las "conveniadas" realizan selección de matrícula excluyendo de su seno a la marginalidad creciente de nuestra sociedad y restringen el ingreso a 15!

II. 5. El “Consenso” con los Sindicatos Nacionales

El estilo de gobierno de Filmus-Kichner forma parte de un prolijo diseño de ingeniería social y política que incluye en el gobierno a las cúpulas de los sindicatos docentes. El proyecto prevé que CTERA-UDA-AMET-SADOP, además de seguir recibiendo suculentos subsidios para capacitación de docentes, lo que significa participar de la creciente privatización de la formación docente, serían reconocidas como interlocutoras nacionales para la redacción de un nuevo estatuto. Entre los considerandos, el proyecto establece con claridad que una parte del salario estará ajustada a desempeño y capacitación. En el artículo 10 dice que serían estas entidades las que negociarían el convenio marco al que luego se deberían ajustar los estatutos jurisdiccionales. La provincia que no se atenga a éste, se quedaría sin fondos nacionales.

El PREAL vuelve a tallar sobre el tema. En su diseño y promoción de las escuelas “conveniadas” señala como dato significativo de la conveniencia de las mismas que en esas escuelas se otorga un 25% de plus salarial como recompensa por asistencia del docente y de sus alumnos. En realidad estamos ante la reedición de los proyectos de flexibilización laboral que durante el menemismo se impusieron al movimiento obrero y que ahora pretenden extenderse a la educación. Como antesala de estos avances señalemos el uso de planes trabajar con salarios en negro de 150$ para la realización de tareas de auxiliares en las escuelas de varias provincias y su extensión a tareas docentes en cargos de preceptores y bibliotecarios en Santa Fe.

Pero en el caso de la educación, proponer salario atado a desempeño o productividad es una perversión no sólo laboral sino pedagógica. Ya no se trata sólo de un derecho del docente como trabajador que ve amenazado su salario por enfermarse o tener un hijo. Entra en perjuicio la relación docente-alumno que estaría sometida a los avatares y presiones que podría sufrir el docente. En vez de territorio de "práctica de libertad" la relación "dialógica" docente-alumno pasaría a estar teñida de cuestiones económicas y el perjuicio se haría extensivo al propio alumno/a. La propuesta del gobierno es apoyada por CTERA y UDA-SADOP. El Congreso Educativo de CTERA de septiembre tuvo como eje de discusión organizar una campaña para lograr la aprobación de este proyecto.

III. A modo de Conclusión

1. Aquellos que ingenuamente creyeron que el menemismo educativo murió abrasado en los fulgores del 19 y 20 de Diciembre de 2001, están equivocados. Al respecto el aporte de Inés Trpin, es altamente significativo para demostrar que la propuesta sugerida por la normativa en cuestión de incrementar el Producto Bruto Interno (PBI) hasta que en el año 2010 el 6% del mismo sea invertido en Educación, ya estaba planteado en la Ley Federal de Educación (LFE) y se debería haber llegado a ese dígito, también en 5 años. Obviamente esto no se cumplió. Es decir, ya estaba escrito en la ley que destruyó prolijamente el Sistema Educativo Nacional, centralizado y estatal, creado por el roquismo en 1884-85, con la pantalla de la "modernización" neo-neo (neo-liberal y neo-conservadora). Pero sucede que en la actualidad dicha modernización, para los 500 hombres de negocios más importantes que apoyan la futura Ley de Financiamiento Educativo y debatieron sobre el modo en que el sector privado intervendrá en la educación pública, es sinónimo de mercado. Esto es suficiente para darnos cuenta de que el proyecto re-colonización educativa continúa, pues sabemos de hace tiempo, que lo que es bueno para los 500 hombres de negocios más importantes del país, así como para los organismos internacionales que participaron de la instrumentación política, técnica y financiera de las reformas educativas, no es bueno para el pueblo argentino. Debe ser terrible para nuestro pueblo, puesto que lo expone a la adquisición de un servicio en el mercado educativo, borrando el concepto de educación como derecho y sustituyéndolo por mera mercancía.

2. En los fundamentos del proyecto de presupuesto educativo 2006 se proponen las políticas de 'mejoramientos' tanto de la calidad como de fortalecimiento de gestión y dice textualmente: "Implementar los proyectos de Mejoramiento de la Educación Rural y Técnico Profesional, cuya financiación por parte del Banco Internacional de Reconstrucción y fomento (BIRF) se encuentra en etapa de negociación; Fortalecimiento Pedagógico de las escuelas del Programa Integral para la Igualdad Educativa (PIIE), con aporte de la Comisión Europea dirigido a EGB 1 y 2 urbanas y suburbanas en situación de vulnerabilidad social (...), Mejoramiento de la Educación Técnica Profesional y Modernización de la Red Federal de Información Educativa, con posible financiamiento del BID".

Como puede apreciarse, se continúan, fortalecen y profundizan las mismas líneas de dependencia que establece el proyecto re-colonización educativa desarrollado por la “Transformación Educativa” menemista. Como lo han hecho cuando aplicaron el programa de canje de deuda por patrimonio, y ahí tenemos: las telefónicas, las compañías eléctricas, las de agua, las petroleras, etc. etc. Como con la concesión (apropiación) de territorio a la Minera Barrik Gold en la provincia de San Juan, concretamente en la biosfera de San Guillermo, territorio declarado por la UNESCO Patrimonio Universal de la Humanidad. Pero la explotación del oro produce, además de las ganancias multimillonarias de la minera, contaminación de la tierra y del agua; la fauna y la flora, como consecuencia, desaparecen.

3. "Impulsar, gestionar y co-financiar la formación de los postgrados y el intercambio de investigadores, docentes, profesionales y estudiantes universitarios.(...) realizar gestiones tendientes a promover los procesos de canje de deuda externa por educación desde los documentos y declaraciones de los Organismos Internacionales, y desde las declaraciones de nivel ministerial, de las Cumbres de las Américas y de las Cumbres Iberoamericanas". Esta es solo una secuencia de los fundamentos del Proyecto del Presupuesto 2006. Aspecto que se relaciona con las declaraciones del propio ministro (Junio-2004), a propósito de una visita a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación cuando dijo: "El Ministerio es el lugar de concertación con los organismos internacionales…".

En este escenario, el proyecto de Ley de Financiamiento Educativo, reafirma y profundiza el contenido de la LFE. En este punto, la modificación de la condiciones de trabajo docente es cardinal para los nuevos capangas de la educación. A propósito dice Trpin: "... en el artículo siguiente (el 10) se perfila otra posible barrera, y es la que compromete la modificación del Estatuto Docente, en tanto se propone acordar entre el CFE y los gremios docentes un "convenio marco" referido a las condiciones laborales, calendario académico, salario mínimo y carrera docente".

Las políticas sobre “racionalización”, precarización, supresión de la estabilidad y derechos adquiridos de los docentes (como antigüedad, escalafón, derecho a un retiro digno, licencia por enfermedad, etc.) parten de programas establecidos por los organismos internacionales. La OEA es uno de los organismos que establece los criterios, entre otros, del "formato" que debemos tener los docentes de la región; perfil que concuerda con los fundamentos que 'sostienen' el artículo 10 del proyecto, al que se hacía referencia: "Otro orden de metas corresponde a las condiciones salariales, de trabajo y profesionalización de la tarea docente. En este punto se trata por supuesto de generar niveles justos de distribución, pero también condiciones de formación inicial y continua que permitan que una parte de las mejoras laborales docentes estén vinculadas al desempeño y la capacitación. En buena medida, la aprobación de la presente Ley significará demostrar la valoración que la sociedad hace de la trascendente labor de los educadores".

“Productividad + Competitividad = Calidad Calidad + Responsabilidad + Adaptabilidad + Flexibilidad Laboral - Formación en Contenidos – Formación de Grado – Actualización Teórica sobre la propia disciplina + Cursos de Capacitación (colonizantes) = Buen Docente o “Facilitador” de Conocimientos (como dicen los documentos sobre el perfil docente que propone la OEA)”.

Como apreciarse, en una apretada y metafórica síntesis, la caricaturesca ecuación pone el acento, en lo que afirma la colega mencionada: "...se intenta hacernos creer que el sistema educativo es culpable de la injusta distribución de la riqueza y el poder, y que además es quien debe ocuparse de salvar esa desigualdad...".

III. 1. ¿Por qué el Carro antes que el Caballo?

No deja de llamar la atención que esta ley se proponga antes del supuesto debate para la sanción de una nueva Ley Federal que estaría programando el gobierno nacional y la misma CTERA para el 2006, ante el visible fracaso de la actual Reforma.

¿Qué sentido tendría entonces sancionar una ley de financiamiento a sólo pocos meses que supuestamente se defina el nuevo diseño de educación? Lo lógico sería abrir ese debate, ir a fondo en el balance del por qué del fracaso de la Reforma de los 90, convocar a todos los actores sociales y educativos de la nación, superando el estrecho marco de las instituciones de gobierno y aún de los docentes y hacer que participe toda la población en espacios de debate educativo en todo el país. Entonces luego de la revisión, replanteo y rediseño del Sistema Educativo Nacional podría definirse el esquema de financiamiento. Al revés, supone dejar constituido como válido el actual sistema fragmentado y luego convocar a un debate acotado que sólo retocaría la actual estructura.

Es necesario poner en cuestión toda la Reforma Educativa que heredamos de la década neoliberal, y abrir el debate en el conjunto de la sociedad y no sólo en las escuelas. Es necesario convocar en todo caso, desde las escuelas, colegios y universidades a este debate. La educación no puede ser mero receptáculo que contenga la crisis de la juventud, sin salida para impedir la disgregación y la destrucción irreversible del tejido social, sino el espacio formador y emancipador de los sujetos sociales, individuales y colectivos. Rechazamos el nuevo rol de contenedor de la crisis que las recetas neo-neo diseñaron para la Escuela Pública y la consolidación de las formas de fragmentación educativa acordes a la fragmentación social aceptada y consentida. Por eso proponemos el suspender el pago de la deuda externa y en cambio el destino inmediato de esos fondos, destinándolos a un proceso profundo de reforma educativa, así como el rediseño de un Sistema Nacional de Educación que contemple un presupuesto único nacional equitativo y un nomenclador salarial docente único para todas las provincias.

En forma simultánea urge revisar de los objetivos globales del sistema educativo argentino y de sus regiones, así como de la función de la educación pública en la actualidad. Replanteo del rol de las Universidades Nacionales en un país dependiente y endeudado. Revisión y evaluación rigurosa e integral de su currícula y de sus programas de investigación y extensión, así como de los responsables de su conducción-gestión en estos últimos 25 años.

Con estos actos comenzaríamos a recuperar uno de los espacios públicos culturales más importantes de la sociedad, punto de partida para iniciar un debate -pendiente todavía- sobre los fundamentos políticos, ideológicos, económicos, sociales, culturales y curriculares, necesarios para construir un nuevo paradigma pedagógico para la nación. El cual, rescatando los postulados de una educación pública para ciudadanos libres e iguales, se proyecte urgente hacia el nuevo milenio, dando urgentes respuestas pedagógicas, morales y espirituales, a nuestro universo nacional y continental jaqueado por las agresiones externas.

San Miguel de Tucumán, Febrero 3 de 2006

Notas:

* Universidad Nacional de Jujuy, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Carrera de Ciencias de la Educación, Cátedra de Historia de la Educación Argentina y Latinoamericana

1. Fuente: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología/ Universidad de Cuyo

2. Vid., Documento Multisectorial, Financiamiento y Necolonización Educativa, Firmantes: AMSAFE (Rosario); AGD - UBA; Miembros de C.D. de ADEMYS; Lista Roja y Negra AGMER (Entre Ríos); Lista Bordó de Moreno (Pcia. de Bs.As); Opción Unidad y Lucha; Vientos del Pueblo, Construyendo. Red de Encuentro Social (RedES).

3. Informe de la Asociación de Maestros de Santa Fe (AMSAFE) Filial Rosario. Relevamiento sobre la situación de las Escuelas del Departamento de Rosario. Octubre 2005

4. Consultar el Art.10 del Proyecto de Ley de Financiamiento

5. Vid. Balvidares, D., La Novela Educativa. Buenos Aires, Redes Cultura, 2005, p. 45

6. Ídem, p. 47

7. En el trabajo presentado por la Asociación de Docentes del Sur Argentino, podrá apreciarse el informe sobre las escuelas “conveniadas” en Tierra del Fuego, que hoy representan el 23% de las escuelas del Estado aunque sólo abarcan al 2,6% de la matrícula.

8. AMSAFE, Idem. Informe citado ut supra

9. Apuntes Nº 35, Septiembre 2005. Unión de Trabajadores de la Educación UTE-CTERA pp. 8 y 9

10. Inés Trpin, Profesora de la Universidad del Comahue, Autora de Apuntes sobre el Proyecto de Ley de Financiamiento Educativo. (Versión electrónica).

11. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Proyecto del Presupuesto Educativo 2006. Fundamentos. Sección Primera.

12. Trpin, I., Ibídem.

13. Trpin, I., Ibídem

14. Vid. Yépez, D. E., Una Década de Retroceso Educativo. La Educación Pública en el Momento más Crítico de su Historia”, Mimeo, Cátedra de Historia de la Educación Argentina y Latinoamericana, FHyCS de la UNJu, San Salvador de Jujuy, 2003.