Pese al alto nivel de abstención registrado en la primera vuelta electoral de la ciudad de Buenos Aires, el gobierno y la oposición avanzaron en el intento de clausurar, al menos transitoriamente, la crisis de representatividad que se desarrolló en el plano institucional tras el levantamiento popular de diciembre de 2001. A la luz de los grandes números del comicios el 31% de los porteños empadronados votó por la derecha representada por Macri y Bullrich, el 22% por la múltiple alianza progresista del actual oficialismo y 8% por la nueva versión de izquierda que intenta representar Zamora. Sin embargo, exactamente un tercio del padrón desconoció las elecciones: 31% no votó, y 2% votó en blanco o anuló el voto.

¿Qué quedó del 19 y 20 de diciembre?

Este resultado señala el reflujo de la movilización popular que bajo la consigna “que se vayan todos” puso en jaque a las dirigencias partidarias y gubernamentales en los últimos días de 2001 y los primeros meses de 2002, tras provocar la caída del régimen aliancista encabezado por el inolvidable Fernando de la Rúa. El grueso de ese movimiento estuvo conformado por una clase media harta de los sucesivos ajustes del programa neoliberal, productor de sucesivas camadas de “nuevos pobres”, algunas de cuyas falanges fueron organizadas por ahorristas furiosos debido al “corralito” bancario con que coronó su tarea Domingo Cavallo.

La crisis, que en algunos casos fue caracterizada como “situación revolucionaria” o “crisis revolucionaria”, se diluyó con el tiempo al no encontrar una dirección, un programa y una fuerza social en condiciones afirmarse como presencia contrahegemónica, ya que en definitiva lo que estaba en discusión era la titularidad del poder. Sin embargo la pequeña burguesía de las cacerolas y las asambleas barriales es una clase oscilante, carente de homogeneidad, diferenciada y con intereses enfrentados en algunas de sus capas y en definitiva tradicional campo de disputa ideológica de parte de los círculos que luchan por mantener o conquistar el poder. Una parte de esa clase media, luego de salir en masa para derribar al gobierno de origen “progresista” y destino neoliberal, que había votado en octubre de 1999, terminó alistándose como masa de maniobra de la derecha y ayudó a la victoria electoral de López Murphy en la Capital durante las elecciones presidenciales de abril de este año. A su vez el piquete, importante como organización reivindicativa y expresión política de los desocupados, no está en condiciones de asumir la dirección del movimiento popular. Bajo el capitalismo hablar de hegemonía en el plano político, ideológico, moral y cultural respecto de un determinado bloque de clases, es hablar de la hegemonía que se construye a partir del plano en que las relaciones de clase adquieren un carácter estructural.

En ese plano los trabajadores que permanecen integrados al circuito productivo chocan con la limitación de movimientos que impone el alto índice de desempleo y el trabajo en negro, y con la presencia de direcciones sindicales, cuya práctica desprovista de un programa de clase independiente, las lleva a transformarse en un mecanismo de reproducción de las relaciones dominantes.

Los límites de la “revolución democrática”

Pero todas estas consideraciones no le interesan al presidente Kirchner, ni su gobierno, ni a la oposición. Kirchner está empeñado en consolidar su poder gubernamental y apuesta todo a la victoria de Ibarra en la Ciudad de Buenos Aires, del mismo modo que apostó a la derrota de Luis Barrionuevo en Catamarca. Su política consiste en acumular la masa crítica de apoyo que le permita llevar adelante un programa progresista, entendido como una reestructuración de las prácticas políticas del capital que arrojen un nuevo balance entre los grupos corporativos monopólicos (nativos y extranjeros) y el conjunto de la sociedad. En esa dirección se han orientado iniciativas tales como el desplazamiento de las cúpulas militares y policial, la expulsión de los operadores del senador Barrionuevo en el Pami, la ofensiva contra la fracción menemista de la Corte Suprema junto con la propuesta de Eugenio Zaffaroni como integrante del tribunal, la presión a favor de la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida, etc.

Kirchner ganó la presidencia como consecuencia del abrumador repudio que despertó en la mayoría de los argentinos el intento de Carlos Menem de volver a la Casa Rosada portando un tercer mandato. Ese estado de ánimo colectivo hizo que sus medida contra las superestructuras institucionales del viejo régimen adquirieran inmediatamente un fuerte contenido simbólico.

En esta dirección se inscribe el enfrentamiento de Kirchner con su vicepresidente. Scioli hizo pública su posición a favor del ajuste tarifario inmediato a favor de las empresas privatizadas y se opuso a la anulación de las leyes de impunidad con el argumento de que un país serio no anula sus leyes, además de dejar trascender su preocupación por la “seguridad jurídica”. En torno a ese discurso de derecha había comenzado a agruparse el capital monopólico de los grupos económicos locales y extranjeros con vistas a instalar una cabeza de playa en la cúpula del aparato gubernamental, a la espera de que la reaparición de la crisis no resuelta le permita operar políticamente. Adicionalmente, detrás de Scioli está el duhaldismo, cuya línea política está inspirada en la recomposición del bloque de clases dominantes, en todo caso con variantes en las correlaciones internas, pero no más. En consecuencia Kirchner, si quería salir al cruce de presiones que ya estaban en curso, y mantener cierto margen de maniobra dentro del justicialismo, que sigue siendo su principal punto institucional de apoyo, no tenía otra alternativa que poner en caja a su vicepresidente.

Sin embargo ninguno de estos movimientos modifica el balance de fondo en la composición del poder. La postergación lo más posible de los ajustes tarifarios, la renegociación de los contratos de concesión de los servicios públicos, e incluso su anulación y convocatoria a nuevos concursos bajo el régimen de concesión, o la compensación a los bancos por debajo de sus exigencias, no cambia lo sustancial de la cuestión. En todo caso pueden suprimir alguno de los aspectos más abusivos del privilegio monopólico, pero los comandos básicos que regulan el proceso de acumulación siguen estando bajo el control del gran capital y, en consecuencia, continúan reproduciendo las relaciones dominantes que sellan la suerte de un capitalismo periférico y altamente dependiente. Discutir esas relaciones es discutir la propiedad de resortes claves de la economía que comprenden el control sobre la banca, el comercio exterior y sobre ramas estratégicas como la energía. Por fuera de esta disyuntiva no existe vía alguna de transición hacia transformaciones estratégicas, en condiciones de producir un corte histórico respecto de un pasado de atraso y dependencia. Sin embargo, el programa democrático de la pequeña burguesía kirchnerista queda por debajo del horizonte en el que se inscriben las tareas centrales de la lucha antiimperialista. En este sentido su política democrática no va de menor a mayor: tiende a girar en un círculo, cuyo radio se irá acortando a medida que los problemas irresueltos de la crisis capitalista que estallaron en diciembre de 2001 reaparezcan cada vez con más fuerza.