El juez Baltasar Garzón pidió al gobierno argentino la detención de 46 represores que actuaron en la época del terrorismo de Estado, con la intención de reclamar la posterior extradición para juzgarlos en España bajo cargos de genocidio, terrorismo y torturas. Es la tercera vez que el magistrado presenta una solicitud similar ante autoridades argentinas y según la información del diario La Nación el gobierno de Kirchner está dispuesto a avanzar en esa dirección, derogando el decreto 1581 por el cual se rechazan sin más trámite los reclamos extranjeros, reafirmando el principio de territorialidad que impone la soberanía de la ley argentina respecto de los crímenes cometidos en el país.

En la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas con motivo de la celebración del 9 de julio, Kirchner advirtió a los jefes militares sobre la necesidad de hacer justicia separando la paja del trigo. A su vez el gobierno ha recibido pedidos de derogación del decreto 1581, con el que el régimen de la Alianza pretendió sacarse de encima el problema, el último de ellos formulado por el reunificado Partido Socialista, expresión genuina del liberalismo colonial.

Los reclamos de extradición tienen un fundamento fuerte. Los ejecutores del terrorismo de Estado entre 1976 y 1983 han gozado de impunidad gracias a las leyes alfonsinistas de punto final y obediencia debida y los posteriores indultos menemistas. Pese haber sido derogadas y declaradas inconstituciones en algunos juzgados, las leyes permanecen en pie sin que la Corte Suprema se pronuncie sobre su validez, ni el Congreso trate los proyectos que las declaran nulas. En consecuencia en Argentina la impunidad sigue rigiendo como ley de leyes.

Sin embargo que sea el juez Garzón quién con mayor insistencia esté tras la cabeza de los represores argentinos, resulta una singular forma de revelar el contenido de lo que constituye una manifiesta contradicción. España ha sido colocada por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, junto con Argentina, Chile, Guatemala, El Salvador, entre otros, como uno de los países que tiene pendiente de resolución casos de desapariciones forzosas. Ese galardón lo ha ganado la madre patria gracias a los crímenes cometidos por el régimen franquista contra los militantes republicanos una vez finalizada la guerra civil. La denuncia fue presentada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de España que tiene acreditados 2000 casos de desaparición forzosa durante la dictadura de Franco, y la evidencia de esta situación ha alcanzado repercusión pública a medida que las fosas comunes dejaron al desnudo la macabra obra del “generalísimo” y sus secuaces. Por supuesto, el gobierno de Aznar no respondió a los reclamos de la ONU para que saque a la luz la verdad histórica del período.

¿En España quién va a juzgar esos crímenes? ¿El temible juez Garzón? Por cierto que en este caso, en cierto sentido, el magistrado tendría allanado el camino. Al menos no tendría que reclamar extradiciones y por consiguiente lidiar con la complicidad de los gobiernos de la periferia respecto a los represores, o con los prejuicios de soberanía que todavía perduran en estas tierras bárbaras. Sin embargo, no hay noticia de que proceso alguno haya sido iniciado para investigar los crímenes del franquismo y hacer justicia en España. Por lo demás, ¿quién va a llevar ante el banquillo de los acusados a delincuentes notorios como Bush o Blair, responsables de haber invadido un país soberano fraguando denuncias, aplastando a sangre y fuego la resistencia de su pueblo, y cargando a su cuenta el asesinato de miles de inocentes? ¿Los jueces de los países de la OTAN? ¿Jueces que no tuvieron nada que decir cuando los gobiernos de sus países decidieron sepultar bajo toneladas de bombas a la ex Yugoeslavia, para conquistar posiciones en los Balcanes?

Estas “asimetrías” en el tratamiento de los derechos humanos y los crímenes de Estado, ya se trate de acontecimientos producidos por gobiernos de las democracias metropolitanas o por dictaduras de los países dependientes, se inscribe en la lógica de un sistema de dominación a escala mundial. Según esta lógica, la justicia en las naciones imperialistas adquiere un carácter universal si se trata de juzgar las violaciones estatales a los derechos de vida ocurridas fronteras afuera de los centros dominantes. Que en una primera etapa el objeto de la causa judicial resulten personajes tan repudiables como Pinochet, Videla, Massera y otros, no cambia la cosa. Instalada como mecánica de una justicia desigual, la extraterritorialidad, antes o después, se extenderá como instrumento de disciplinamiento contra todos aquellos que en los países atrasados y dependientes se atrevan a desafiar el nuevo orden internacional. Este orden ha dado sobradas pruebas de que en un mundo dominado por los intereses del capital imperialista, devenidos en contenido sustancial de las políticas estatales, no hay espacio alguno para la independencia y la neutralidad de los aparatos judiciales.

Los crímenes de la dictadura argentina deben ser juzgados en el país. La solución no es derogar el decreto 1581 y dejar que los jueces decidan acerca de los pedidos de extradición, como está a punto de resolver el gobierno de Kirchner, acentuando el enfeudamiento político, ideológico y moral de la dirigencia argentina, sino anular por ley o mediante declaración de inconstitucionalidad la legislación exculpatoria, garantía hasta el momento de impunidad. No sólo está pendiente la acción de la justicia respecto a esos crímenes, sino también un amplio debate de la sociedad sobre el papel que jugó el terrorismo de Estado en la segunda mitad de los 70’ y los primeros años de los 80’. La represión de la dictadura no sólo alcanzó a las formaciones armadas que militarizaron la política y facilitaron la homogeneización de los cuadros de las fuerzas armadas en torno al polo más reaccionario de la oficialidad. La represión estuvo al mismo tiempo dirigida contra las estructuras de cuerpos de delegados y comisiones internas en las empresas, el activismo en el movimiento estudiantil y entre los profesionales, contra la militancia barrial y las organizaciones políticas del campo popular. De otra forma el programa que impuso Martínez de Hoz a partir de abril de 1976 no hubiera podido soportar la resistencia de la sociedad. Ese programa, sostenido por el Consejo Empresario Argentino, núcleo de empresas monopólicas locales y extranjeras y verdadero poder detrás del trono, estuvo dirigido a reconvertir a fondo el funcionamiento de la economía argentina, clausurando el período histórico de la sustitución de importaciones iniciado a mediados de la década del 30’, e instalando la especulación y la internacionalización financiera en el centro del proceso de acumulación del capital. Para eso era necesario reconvertir a la propia sociedad, paralizando mediante el terror practicado desde el aparato estatal, todo intento opositor.

Al mismo tiempo la “guerra antisubversiva” junto a la ideología de la seguridad nacional, aglutinaron en torno al eje proimperialista de las fuerzas armadas a la mayor parte de la oficialidad, bloqueando todo desenvolvimiento de conciencia crítica respecto a la contradicción de un régimen semicolonial que asumía como propios los valores de los países dominantes. El estallido de la guerra de Malvinas, por su contenido objetivamente antiimperialista, dejó al desnudo esta contradicción, sin que el nacionalismo emergente en una parte de los cuadros militares, lograra liberarse plenamente del terrible cerrojo ideológico impuesto en los años de plomo de la reacción. Tampoco la etapa institucional iniciada a partir de diciembre de 1983, al focalizar en el aspecto puramente militar de la represión la naturaleza del poder de facto, favoreció la apertura de una instancia de reflexión crítica sobre el pasado. Esa ausencia signó la institucionalidad democrática, reduciéndola a una mera práctica ritual, en un desplazamiento que mantuvo a la sombra la continuidad de los intereses dominantes solidificados tras el golpe de Estado de marzo de 1976.

Ahora el problema vuelve a plantearse. La posibilidad de que se haga justicia es al mismo tiempo la posibilidad de situar en su perspectiva histórica los acontecimientos que conmovieron al país tres décadas atrás. La más amplia discusión sobre los crímenes de la dictadura, pero también sobre el papel de las corporaciones empresarias locales y extranjeras que apoyaron y en algunos casos integraron el aparato de la represión, tiene una importancia capital. La tiene en relación a la necesidad de reestablecer la verdad histórica, pero también en orden a construir un punto de partida superador, orientado a reorganizar el frente de las fuerzas nacionales y antiimperialistas, del que también formarán parte los oficiales y suboficiales patriotas, liberados definitivamente de los fantasmas del pasado.