Más allá del descrédito que envolvió a los mecanismos de representatividad democrática y se sintetizó simbólicamente en la consigna “que se vayan todos”, la crisis de diciembre fue una crisis de hegemonía en el sentido de que las clases dominantes perdieron gran parte de la influencia política, ideológica y moral que ejercieron sobre una parte considerable de las capas medias, durante los años dorados del neoliberalismo de los 90’ y lograron mantener, aunque disminuida, en el momento ascendente del “progresismo” aliancista.

El estallido del régimen de la convertibilidad no sólo sacó a la luz el carácter dependiente, atrasado y desestructurado de la economía del país. También puso en evidencia la naturaleza del poder político, organizado en torno al núcleo altamente concentrado del capital imperialista, particularmente de las corporaciones financieras, y las fracciones de la gran burguesía local.

En su aspecto estructural, la crisis significó el colapso de un modo de acumulación controlado por las secciones parasitarias o improductivas del capital nativo y extranjero, y sostenido por una multiplicación del endeudamiento externo sin precedentes. Este particular mecanismo de reproducción del orden capitalista dominó durante las últimas décadas del siglo pasado y en el comienzo del presente.

El golpe de Estado de marzo de 1976 contra el gobierno de Isabel Perón, y el posterior terrorismo de Estado, fundó a sangre y fuego las bases de una reconversión a fondo de la estructura de la economía y la sociedad argentina, que el alfonsinismo dejó intactas, el menemismo profundizó y la Alianza hizo lo imposible por asegurarle continuidad. Poco o nada quedó en pie de la orgullosa Argentina burguesa, con industria, justicia social e independencia económica, que el peronismo construyó entre las décadas del 40’ y del 50’ y que, de una u otra forma logró sobrevivir a los regímenes desarrollistas y liberales, civiles y militares, que se sucedieron hasta mediados de los años 70’.

El resultado de un cuarto de siglo capitalismo semicolonial estructurado en torno al eje del negocio financiero fue una formidable transferencia de la renta nacional hacia los bancos, las corporaciones de fondos de pensión y las compañías de servicios públicos privatizados, pero también en dirección a la gran burguesía integrante de los grupos económicos locales, y a los terratenientes de la pampa húmeda, participes todos ellos de las oportunidades excepcionales creadas por la especulación que proliferaba en el circuito de las altas finanzas. La contrapartida de esta formidable acumulación de poder y riqueza fue el hundimiento vertical del salario de los trabajadores, el marcado empobrecimiento de las capas populares de la clase media y la bancarrota de la mayor parte de la burguesía media y baja, además del marginamiento creciente de las grandes masas de compatriotas que cayeron por debajo de las líneas de pobreza e indigencia.

El derrumbe de la administración aliancista y el retorno al gobierno del Partido Justicialista no cambió este estado de cosas. Las fracciones de la burguesía exportadora que sacaron ventaja de la devaluación y de la pesificación de sus deudas locales, mantienen, en lo fundamental la alianza estratégica sobre la que consolidó en los años 90’ la llamada “comunidad de los negocios” con las corporaciones extranjeras en torno a las privatizaciones y, en todo caso, las pujas internas que mantienen con los banqueros, resultan secundarias respecto al antagonismo que mantienen con los trabajadores, con la mayor parte de la clase media y con el pequeño empresariado.

Así es, en las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 el poder no cambió de manos. Lo que se produjo en el centro de las decisiones estratégicas, fue una modificación en la correlación interna de fuerzas. Por lo demás, la crisis de representatividad que estalló entonces, no quedó saldada con las elecciones del 27 de abril y la asunción de un nuevo gobierno el pasado 25 de mayo. Reaparecerá de una u otra forma, a medida de que esa combinación de justicialismo y progresismo gobernante, con el que se ha revestido el poder de los ganadores de la devaluación, exhiba sus límites y desnude la naturaleza de los intereses de clase que gravitan sobre sus decisiones.

En diciembre de 2001 la crisis de hegemonía no llegó a transformarse en una situación revolucionaria. La ausencia política de la clase trabajadora en el curso de la lucha popular, determinó que el estado de agitación y movilización de amplias capas sociales quedara sujeto a los vaivenes de una clase media que repudió al conjunto de una institucionalidad vaciada de soberanía popular, pero careció de programa y de política propia para afrontar en sus aspectos sustanciales la crisis de la democracia capitalista. La desocupación que alcanzó niveles desconocidos en los 90’ y en los primeros años de la presente década, y una precarización laboral que desplazó al 40% de los asalariados a la economía en “negro”, constituyeron un serio obstáculo para la movilización de la clase trabajadora, especialmente para la iniciativa del eje obrero fabril. Sin embargo no es este el principal problema que afronta el movimiento obrero. La inexistencia de una organización de cuadros de dirección, con arraigo en las masas, en condiciones de fijar una línea política independiente, es lo que hasta ahora ha cerrado el camino a una solución nacional, democrática y popular a la crisis del capitalismo semicolonial.

En los países atrasados y dependientes la acción política de la clase trabajadora reviste un carácter articulador respecto a un vasto frente de carácter nacional-antiimperialista. En ese frente los trabajadores luchan por sus intereses de clase y a la vez por los objetivos nacionales, que comparten con la mayor parte de la clase media y las capas bajas de la burguesía nacional, con el campesinado y conjunto de las masas explotadas, y también con las fracciones patrióticas de oficiales, suboficiales y soldados de las fuerzas armadas.
Precisamente en la profundización del programa de tareas nacionales y democráticas, agrarias y antiimperialistas, a través de las cuales los países atrasados luchan por su emancipación, reside el curso profundo que conduce a la superación del capitalismo y abre el cauce revolucionario del socialismo.

En Argentina la cuestión nacional, como en el resto de los países hermanos de América Latina, tiene un significado inequívoco: la reconstrucción de la unidad de la Patria Grande, balcanizada en los siglos XIX y comienzos del XX por la intervención de los imperialismos inglés y norteamericano. Sin embargo esta tarea revolucionaria, de importancia capital para el destino de casi 500 millones de compatriotas, sobrepasa el horizonte histórico de las burguesías nacionales, asociadas al imperialismo en sus círculos más concentrados y demasiado débiles y vacilantes en las capas medias y bajas. Los trabajadores fabriles, la pequeña burguesía asalariada, el campesinado, las nacionalidades indígenas, en general las masas expoliadas, según lo pusieron en evidencia las luchas populares de los últimos años en Bolivia, Perú, Paraguay, Ecuador, Venezuela, Colombia y Argentina, constituyen la fuerza motriz de la revolución latinoamericana en busca de la unidad perdida, y hacia la construcción de un futuro común emancipado de las variadas formas de desigualdad, discriminación y explotación propias del capitalismo. En esa dirección está el camino que reestablece la continuidad histórica con el 17 de octubre, el Cordobazo y la guerra de Malvinas. En esa dirección está el futuro de los trabajadores y el pueblo argentino.

Patria y Socialismo