La última encuesta de la consultora Equis señala que ninguno de los candidatos electorales llega al 15% de la intención de voto. Difícilmente alguien podría sorprenderse. Basta echar un simple vistazo a los postulantes presidenciales para entender rápidamente el desinterés de la mayor parte de los votantes respecto al resultado de las próximas elecciones. El conjunto de las instituciones argentinas sigue envuelto en una profunda crisis de representatividad que se prolongará en el tiempo, gane quien gane los comicios del 30 de marzo.

Esta crisis no permite reconstituir una representación de clase desde el bloque dominante, con ciertas posibilidades de irradiar influencia ideológica y política sobre una parte de las capas medias y populares. Quienes pretenden resolver este problema a través de proceso electoral, no pasan la prueba de las urnas: Menem, el más apto para representar los intereses del imperialismo, sigue con muy baja intención de voto y con un nivel de repudio que oscila en 70 %; López Murphy, con el discurso tradicional de la reacción, está por detrás del riojano, y Patricia Bullrich, una suerte de saltimbanqui grotesco de la derecha, ni figura.

Tampoco el centro izquierda está en condiciones de desempeñar ese papel. Durante dos años el gobierno de la Alianza llevó adelante un programa que en lo sustancial prolongó a plenitud la obra de la década infame menemista. El resultado de tal regresión fue la caída estrepitosa de ese gobierno, y un descrédito que dificulta enormemente reconstruir una identidad de clase media a partir de los slogans del democratismo y progresismo pequeño burgués. El retroceso de la candidatura de Elisa Carrió revela esta limitación: refleja ante todo la pérdida de credibilidad de un discurso que omite cuidadosamente los problemas estructurales de la dependencia semicolonial, y se centra exclusivamente en la corrupción y en la matriz mafiosa de un capitalismo que se propone regenerar según los principios liberales que Adam Smith formuló en el siglo XVIII.

Pero si la crisis de representatividad, como manifestación de una crisis de hegemonía del núcleo de clases que decidió los destinos de país en el último cuarto de siglo, le ha impedido al bloque del capital financiero internacional y la gran burguesía local imponer una solución al colapso capitalista en que se precipitó el “modelo” de los 90’, esa misma crisis no ha generado hasta el momento las identidades políticas en condiciones de unificar el campo de fuerzas populares. Esta ausencia tiene que ver con la naturaleza de los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre de 2001. A contramano de lo que proclamó una parte de la izquierda, las masivas movilizaciones que pusieron fin al gobierno de De la Rúa, no crearon una situación revolucionaria. Nunca estuvo en el orden del día la posibilidad de que asambleístas y piqueteros arrebataran el poder a una putrefacta partidocracia, gestora directa de los intereses de los grupos económicos dominantes. El grueso de las columnas que marcharon sobre Plaza de Mayo estaba constituido por los votantes de clase media que en octubre de 1999 apoyaron la fórmula aliancista con el propósito de poner fin a diez años de corrupción, negociados, escándalos y fraudes institucionales. Dos años más tarde, cuando el programa neoliberal estalló en mil pedazos, la mayor parte de las capas medias arruinadas o empobrecidas por una formidable concentración del ingreso, salió a la calle para terminar con un presidente, que además de reaccionario era un inepto que pretendía reestablecer su autoridad mediante la represión y el estado de sitio.

Las batallas de diciembre dieron origen a un movimiento de asambleas barriales, a través de las cuales encontraron curso, en algunos casos, procesos de radicalización en la clase media, e imprimieron nuevo impulso a las corrientes de desocupados, organizadas en torno a los piquetes. Sin embargo, estos acontecimientos estuvieron caracterizados por una ausencia política fundamental: la de la clase trabajadora. Este vacío, precisamente en el centro de gravedad del potencial frente antiimperialista, habría de gravitar en la orientación de las asambleas y en el alcance de los movimientos de los desocupados. Sin la dirección de un sistema de cuadros obreros y de un programa revolucionario encaminado a liquidar los fundamentos del capitalismo semicolonial, las movilizaciones de diciembre no podían hacer más que fijar la línea de resistencia popular en los límites de la consigna “que se vayan todos”. Pero esta consigna, desprovista de una práctica política y, por lo tanto, del soporte necesario a un plan de acción, no estaba en condiciones de acumular fuerzas suficientes para imponer una solución política.

La situación de las organizaciones sindicales es más que elocuente respecto a esa ausencia estratégica. Las limitaciones centroizquierdistas de la CTA, la corrupción de la CGT “oficial” y el oportunismo de la CGT “disidente”, furgón de cola, primero del gobierno de Duhalde y luego de Rodríguez Saa, resultan claramente indicativas de por qué la clase obrera no desempeñó un papel importante en las luchas populares de diciembre.

Los sindicatos son los órganos fundamentales del movimiento de las grandes masas trabajadoras. Sin embargo, a menos que en su dirección predomine una firme tendencia de autonomía respecto del Estado y de los partidos que representan, directa o indirectamente, a una u otra fracción de las clases dominantes, los sindicatos se convierten en aparatos cada vez más separados de su base de clase y terminan obrando como mecanismos de control social, integrados a la mecánica general de reproducción del orden existente. Este desplazamiento ha resultado decisivo en la evolución del sindicalismo peronista. Está a la vista la degeneración de la CGT “oficial”. Pero aún entre la dirigencia cegetista disidente, la misma que sostuvo el enfrentamiento al programa neoliberal durante la segunda parte del gobierno de Menem y durante el período de De la Rúa, las consecuencias de la ausencia de autonomía política se hicieron evidentes cuando llegó la hora de la prueba decisiva en diciembre y durante la posterior etapa del gobierno duhaldista. Aferrado al horizonte ideológico del 45’, la orientación general y la práctica de ese sindicalismo tiende a obrar de modo conservador ante la alternativa de la organización política de un sistema de cuadros que, a partir de la experiencia nacional y de clase del movimiento obrero, afirme los principios de un programa superador de los límites ideológicos y programáticos cristalizados en el nacionalismo burgués medio siglo atrás.

Este realineamiento reviste una importancia central en la construcción de un principio contrahegemónico, aglutinante de las diversas fuerzas e identidades del campo popular. Tanto la hegemonía del poder dominante, como del contrapoder popular, se construyen a partir de la contradicción de fondo del régimen capitalista. La radicalización (y particularmente la nacionalización) de algunas fracciones de clase media tiene suma importancia para quebrar el balance de fuerzas en dirección a un cambio revolucionario, sin embargo un principio hegemónico sólo puede desarrollarse socialmente si su componente de clase cohesionante es uno u otro de los polos constitutivos del régimen social.

Mientras tanto, el período en curso está (y estará) caracterizado por una crisis prolongada, en la cual las fuerzas del establishment tradicional carecen de una solución de consenso en condiciones de abarcar a una parte considerable de la sociedad. Hoy el campo popular tampoco la tiene. Esta carencia abre una etapa de consolidación de las líneas de resistencia y de profundización de las experiencias de lucha, en una perspectiva de unificación de los cuadros obreros y populares que sostiene el combate contra el régimen, punto de partida de un Frente Nacional Antiimperialista del conjunto de las clases explotadas y arruinadas por el capitalismo semicolonial.