La consigna “que se vayan todos” se originó en los suceso del 19 y 20 de diciembre 2001 y se difundió durante la subsiguiente inestabilidad política. Las causas profundas de la rebelión de aquellos días están más allá de la transitoriedad de De la Rúa, Rodríguez Saá o Duhalde.

Hay que situarlas en la reconfiguración social y económica iniciada hace más de cincuenta años, que significó la pérdida progresiva de la soberanía nacional y el deterioro de la calidad de vida de la clase trabajadora, extensivo, a otro ritmo, a la clase media.

Las “asambleas de vecinos” intentaron sintetizar el rechazo generalizado a la partidocracia funcional al régimen semicolonial instalado. Éste alcanzó su esplendor pleno a partir del terrorismo de estado de 1976, que subvirtió totalmente la arquitectura económico – social e institucional heredada del ciclo nacional – burgués concluido en 1955.

El capital financiero imperialista logró así constituirse en eje hegemónico del bloque dominante. Los sucesivos gobiernos de “la democracia” se manifestaron garantes del nuevo orden y, en el caso Menem, consolidaron sus cimientos mediante la liquidación de las empresas públicas, la profundización de la apertura comercial y la sobrevaluación del peso, con su consecuencia necesaria de desempleo, marginalización y pobreza, desmantelamiento de la industria y acumulación acelerada de nueva deuda externa. El continuismo obtuso de De la Rúa, con la ayuda de Cavallo en el tramo final, provocó el estallido.

Los dirigentes, funcionarios y legisladores, tuvieron que disfrazarse para transitar la vía pública.
Grupos variados de izquierda tradicional adhirieron al lema, que facilita el consignismo “unitario” porque aparenta concentrar todo el repudio a un régimen degradante.

Sin embargo, florece una duda cuando se advierte que Elisa Carrió, Rodríguez Saá y hasta Kirschner, se apropian de igual bandera, y aún le agregan una fórmula sencilla: llegar al gobierno y convocar a elecciones para todos los demás cargos. La consigna que parecía extrema, por su carácter abstracto, en tanto no ofrece salida hacia el objetivo que propone, deviene en maleable juguete del sistema.

Del dicho al hecho

Tengamos en cuenta que los políticos y partidos son un emergente en la superestructura institucional de la sociedad. La partidocracia se adaptó a las necesidades del poder dominante y es por ello que plasmó en leyes y decretos la juridicidad que malversó la soberanía nacional y sumergió en la desprotección a la mayoría popular, aferrada al enajenante “discurso único” de las usinas ideológicas del imperialismo.

Pero lejos está de constituir el núcleo del poder mismo. Su papel es el del corrompido vasallo. Confundir los roles es la base de un error. El régimen está en condiciones, pese a los signos de la crisis que padece, de provocar un aparente y aparatoso recambio general. Frente al poder real, no se ve en la Argentina de esta instancia, que la resistencia de sus sirvientes más comprometidos, como individuos o bandas, pueda dotarse de suficiente envergadura para impedirlo.
Con pocas dudas, podría llegarse a elecciones para todos los cargos de todo el país, hasta consejeros escolares, y menos si los hay.

La relación de fuerzas definida en la superestructura asegura que los nuevos electos no diferirán, en lo esencial, de los condenados a jubilarse. El predominio electoral de los aparatos de la partidocracia y la influencia de los interese dominantes, capaces (como nos enseña nuestra propia experiencia) de adaptar las formas del “discurso único”, serían decisivos.

Las voces que reclaman a Duhalde la convocatoria previa a asamblea constituyente, incurren, a nuestro juicio, en el mismo error, al par que, aún inadvertidos, hacen profesión de fe en la formalidad electoral de la democracia burguesa.
Desde nuestro punto de vista, elecciones de todos los cargos, o previa constituyente, resultarían en una representación política diferente en el estilo (en el mejor de los casos), pero de similar representatividad que la que supuestamente se desplaza. Pero el mayor daño acaecido sería la legitimación política de un régimen históricamente ilegítimo.

Reconstruir las fuerzas de la revolución nacional

El hecho de que las fuerzas potencialmente constitutivas del campo nacional estén dispersas se refleja en las llamadas “intenciones de votos”, que actualmente miden entre 25 y 35 % de autoexclusión (voto en blanco, impugnado, abstención, etc.), y porcentajes diversos entre candidatos surgidos del PJ (por lo menos tres importantes), y de la centroizquierda, en los puestos de vanguardia.

Esto nos dice que el rechazo explícito no encuentra canalización alguna y que son nuevamente variantes partidocráticas las que se disponen a alzarse con la presidencia: Rodríguez Saá, Menem, Kirschner, o el fantasmita Reutemann, todos provenientes de la década menemista, y Carrió, “reprise” de la centroizquierda que conoció épocas como las de la Alianza y “Chacho” Alvarez.

Sin programa pero con un discurso readecuado a la circunstancia, logran despertar expectativas incluso en parte significativa de aquellos que simultáneamente repudian “en globo” a la mal llamada “clase política”.

Es muy probable que si los sumáramos al 25/35 % de rechazo explícito, el papel nos daría la imagen de una importante mayoría. Pero, desde el punto de vista político, sólo sería un trazo en un papel.

Es la inexistencia política de un movimiento nacional lo que genera la macabra ficción de que buena parte de los sectores sociales cuyos intereses reflejaría se referencian en un NO electoral, y otra se inclina principalmente por alguna de las expresiones embozadas del régimen, en busca conservarse a sí mismo.

No habrá cambio de fondo en la sociedad ni en su representación institucional hasta que una modificación sustancial en la relación de fuerzas haga retroceder al poder hegemónico dominante. Para esto es imprescindible el despliegue político de la clase trabajadora todavía al margen, sin representación política y con representantes sindicales que hablan en su nombre sin derecho verdaderamente legitimado. Prueba de ello es que en un proceso inflacionario de gran violencia, con salarios congelados, desdeñan la huelga y la movilización, excusando su postura de conciliación con la semicolonia en el desempleo que la consolida.

Esta renuncia a la lucha muestra hasta qué punto el “modelo” sindical preexistente está perimido. Nuevas corrientes políticas e ideológicas tenemos el deber y la posibilidad de concentrarnos en la tarea fundamental de reconstitución política de la clase trabajadora. Es decir, simplemente devolverla a la acción política.

Porque así nacerá el eje de reagrupamiento mayoritario de un nuevo movimiento nacional, con la garantía posible de antiimperialismo consecuente.

Encontrado su caudillo social, el movimiento aglutinará a la mayoría popular dispersa, y estará en condiciones de imponer la constitución de un frente patriótico de liberación que recupere a la nación y expulse, echándola para siempre, a la partidocracia corrupta y vendepatria.