A poco de asumir como Ministro de Trabajo, Graciela Camaño comenzó a coquetear con el tema de la jubilación privada, con insinuaciones que podían hacer pensar en su eventual oposición al sistema. Sin embargo, todo indica que se puso a remover esa olla sólo para generar “noticias” diferentes a las que provienen del siniestro minué que nos hace bailar el FMI.

El domingo 25 de junio, ante las cámaras del programa Periodistas (Canal 2, América) fue confrontada por no apoyar el proyecto con media sanción que permite a los aportantes optar entre los sistemas vigentes. Sólo optar.

“¡Es que no tiene racionalidad! ¿Quién se va a pasar al Estado (sistema de reparto) si tiene que aportar el 11% y en las AFJP sólo el 5 %?”, se defendió la ministra con la lógica de la “barra brava” de Chacarita.

Todos sabemos que una de las últimas piruetas de Cavallo fue “otorgar” un aumento del 6% del salario de bolsillo “a todos los trabajadores”, financiado con sus propias futuras jubilaciones, que disminuyen en la medida de la reducción de los aportes.

Poco después, y con lógica similar a la que aplica la ministro, limitó el “beneficio” (sin costo para los empleadores) a los afiliados a AFJP, restableciendo el 11% para reparto, a fin de no acentuar el déficit presupuestario que lo ahogaba.
Como reza el decreto de Cavallo esta medida es de mera coyuntura, destinada a “inyectar poder de compra” a una economía recesiva a la que él mismo regó con cuidado durante su paso por sucesivos gobiernos.

Por lo tanto, es obvia la obligación de restituir los aportes a un nivel que haga viable el sistema jubilatorio. Pero no es menos obvio que es imprescindible reconsiderar el sistema jubilatorio en su globalidad. Este engendro, creado por Cavallo en 1994 para beneplácito de la banca extranjera (principal beneficiaria del negocio), disparó de la noche a la mañana el déficit presupuestario al desviar 7.000 a 4.500 millones anuales (según los períodos), de ingresos del Estado al capital bancario extranjero.

El sistema privado, concebido como exacción compulsiva de los aportantes, los castiga con la apropiación del tercio de cada depósito nominal (3 a 3,5 puntos sobre 11), con lo que desde su formulación es inviable en términos de capitalización, salvo la capitalización de las propias AFJP.

Es por ello que ningún aportante dispone hoy de más dinero del que puso; antes bien, la mayoría tiene menos. Y la rebaja al 5% de los aportes los condena a la mendicidad jubilatoria. Por añadidura, en la medida en que las AFJP, y los bancos, sus propietarios principales, invirtieron en bonos del Estado, y las AFJP colocaron plazos fijos en sus bancos, que ahora mutan en bonos del Estado, cuantiosas sumas de los afiliados al régimen privado se travestizan en títulos públicos.

Así, la jubilación privada, en su fundamento económico, es simplemente estatal.

Suprimirla legalmente no sería otra cosa que fusionar la fantasía formal con la realidad fáctica, e impedir el saqueo del tercio que, muy por encima del diezmo medioeval, impone el capital financiero a los trabajadores atrapados.